Ministra Echegaray, ¡retire al Perú del Acuerdo de Escazú!

Uno de los primeros actos oficiales de Kirla Echegaray, como nueva ministra del Ambiente, debería ser la no ratificación del Acuerdo de Escazú y el posterior retiro del Perú de este pacto internacional que nos arrancaría la soberanía del 53% de nuestro territorio nacional. Un pacto que, además, pondría las decisiones nacionales en manos de organizaciones no gubernamentales de clara posición ideológica marxista. Vale indicar que la anterior titular del ministerio del Ambiente, Fabiola Muñoz, no solo firmó sino que además defendió este Acuerdo y pidió al Congreso su ratificación. Una gestión que hubiera culminado si no fuese por la campaña patriótica desarrollada por varios medios de comunicación y líderes de opinión que advirtieron el contrabando ideológico.

Si la actual ministra Echegaray, quien al parecer no tiene ligazón con ninguna oenegé, logra alejar al Perú del globalismo de izquierdas –que promueve la abdicación de la soberanía nacional en nombre de un “bien común” anticapitalista– también estaría enviando un mensaje claro y preciso de que su gestión promoverá las inversiones sostenibles, respetuosas con el medio ambiente y que aporten al bienestar de la población. Como ya lo hemos escrito antes, una de las amenazas del Acuerdo de Escazú, firmado en Costa Rica, es que establece una peligrosa dualidad legal en la Amazonía.

Dice el convenio: “En la administración de justicia en asuntos de medio ambiente en la Amazonía se utiliza tanto el derecho nacional como el derecho internacional”. En otras palabras, una completa cesión de soberanía nacional. No solo eso, sería necesario crear una corte para temas ambientales, que se sometería a una justicia supranacional y bloquearía las inversiones en petróleo, gas y proyectos forestales y agrícolas.

Asimismo, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe –nombre completo de este tratado– tiene una serie de secciones en “letras pequeñas” y que promueven, entre otras cosas, “la implementación de mecanismos institucionales para la participación, –desde la etapa inicial de diseño o revisión de planes, programas, normas y reglamentos– en los proyectos y actividades que tengan o puedan tener impacto en el ambiente marino y los recursos hidrobiológicos”. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que bajo el principio de la “participación ciudadana”, las organizaciones no gubernamentales podrán vetar los emprendimientos, los proyectos y posibles inversiones. Sin duda, este acuerdo es un tremendo yerro que, como repetimos, pondría el Perú en manos extranjeras.

Desde este portal hemos defendido las inversiones sostenibles en proyectos extractivos porque generan riqueza y porque se realizan de acuerdo con los altos estándares ambientales de la enmarañada legislación peruana. Sin embargo, el Acuerdo de Escazú es solo ideología pura sin criterio científico ni técnico. No solo eso, es bueno agregar que las organizaciones no gubernamentales de izquierda también pretenden avanzar hacia el cambio en la Ley de Consulta Previa para tener ellos la decisión final sobre la viabilidad de los proyectos de inversión.

En ese sentido, consideramos que la ministra Echegaray debe reaccionar frente a un acuerdo ideologizado, que quiere convertir al Perú en una colonia de las grandes organizaciones internacionales, que a su vez dependen de oscuros empresarios extranjeros.