¡Máxima Acuña otra vez!

El movimiento antiminero ha salido a celebrar una resolución del Tribunal Constitucional publicada días atrás, en la que se indica que la empresa minera Yanacocha, concesionaria del proyecto Conga, debe retirar unas cámaras de vigilancia que había instalado como medida de prevención alrededor de sus predios contiguos al de la señora Máxima Acuña de Chaupe. Si bien dicha resolución se debe respetar, es importante precisar que Máxima Acuña y su familia, promovidos por el movimiento antiminero, han venido realizando acciones de usurpación de tierras. Aquí les contamos.

El 5 de febrero de 2016, Máxima Acuña presentó una demanda de hábeas corpus contra la minera Yanacocha, en la que señala ser la posesionaria y propietaria del predio que ocupa hace más de veinte años en Tragadero Grande, en el distrito de Sorochuco (provincia de Celendín, Cajamarca). Al respecto no hay ningún documento que avale la compra ni la propiedad.

Ahora, en ese mismo documento –habeas corpus– la comunera pidió “el cese de hostilización” de la empresa minera. El detalle aquí es que la empresa minera, para salvaguardar sus propiedades, colocó cámaras de videovigilancia e instaló tranqueras como medidas de seguridad. ¿No es un derecho de cualquier privado proteger una propiedad o una concesión establecidas de acuerdo a la Constitución y las leyes?

Las mentiras son muchas. Entre ellas está el relato inventado de que Máxima Acuña de Chaupe y su esposo Carlos Chaupe son dueños del terreno que ocupan en Tragadero Grande, y que la compañía Newmont pretende despojarlos de esa tierra abusando de su poder económico y sin tener ningún derecho. La verdad es muy diferente: los terrenos que reivindica la familia Chaupe Lozano pertenecen legalmente al Proyecto Conga desde 1997.

Minas Conga compró dos terrenos: el primero el 18 de enero 1996 y el segundo el 18 de noviembre de 1997. El terreno que la señora Acuña reclama como suyo (Tragadero Grande) está entre ambos terrenos comprados por Yanacocha en 1996 y 1997.

En un informe de peritaje ordenado por el Juzgado Mixto de Celendín se concluye que las más de diez defensas posesorias hechas por la empresa Yanacocha, concesionaria del proyecto minero Conga, se han realizado de acuerdo al marco de la ley. Además del informe también se desprende que el área y perímetros verificados por los peritos coinciden con el título de propiedad presentado por la compañía minera. En ese mismo juzgado se determinó lo que siempre se supo: que Máxima Acuña de Chaupe y su familia fabricaron esa mentira para tomar posesión de una propiedad de la compañía minera Yanacocha.

Con semejante mentira, el movimiento antiminero pudo agrandar el mito de Máxima Acuña de Chaupe, la mujer que se enfrenta a un monstruo abusivo, en este caso Yanacocha: la dura batalla de David contra Goliat. En esa batalla, Acuña de Chaupe llegó incluso a ganar el jugoso premio Goldman, el equivalente al Oscar medioambiental, y con ello los aplausos de una comunidad internacional cuya apreciación del caso ha sido tergiversada por la información predominante.

No es la primera vez que la señora Acuña denuncia supuestos actos de hostigamiento. Por ejemplo, meses atrás denunció que los trabajadores de seguridad de la compañía minera destruyeron los cultivos (papa, oca, olluco) que la familia ha sembrado. Y que atacan y maltratan física y psicológicamente a la señora Máxima.

Este medio sigue con atención las estrategias del movimiento antiminero con respecto a Máxima Acuña. En realidad, se trata de organizar una leyenda para que los actores anti inversión ganen terreno en la opinión pública, además de desprestigiar a las empresas mineras y bloquear inversiones para favorecer a la producción de otros países. Así estamos.