Matando a la gallina de los huevos de oro

La Conferencia Episcopal Peruana acaba de emitir el comunicado “Por un Perú nuevo donde reine la justicia”, en el que emplazan al Ejecutivo y al Congreso a terminar con una política económica que grava a los más pobres mientras se favorece a las grandes empresas, el gasto superfluo y la contratación irregular de personal en instituciones estatales. De esta manera los obispos también se suman al extraño discurso antiempresarial del presidente, Martín Vizcarra, quien sostuvo que grandes empresas adeudaban al Estado alrededor del 1% del PBI y que se iba a nombrar una comisión para efectivizar los pagos. El problema en el anuncio del jefe de Estado es que la mayoría de esas supuestas deudas están en el Tribunal Fiscal, en el Poder Judicial, y en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.

En el preciso momento en que el Ejecutivo comienza a desorientarse, en que la mayoría legislativa renuncia a desarrollar una nueva ola de reformas, y en que los sectores antisistema pretenden aprovechar las debilidades del Ejecutivo para desatar el desmadre social y propiciar el adelanto de elecciones, el jefe de Estado y los obispos deciden golpear a las principales empresas del país. El argumento: que no pagan impuestos. Sí, no es una ONG del antisistema, del chavismo ni de los sectores antimineros, son los obispos y el presidente.

Vale subrayar que no se puede hablar de deudas —de las empresas al Estado— que suman el 1% del PBI porque todas esas supuestas obligaciones están en litigio y, de acuerdo a la Carta Política, las empresas —como personas jurídicas— también se benefician de las garantías del debido proceso.

De otro lado, llama poderosamente la atención que los obispos señalen que la política tributaria beneficia a las grandes empresas y que afecta a los pobres. Los registros de la SUNAT indican que el 0.5% de los contribuyentes aportan el 83% de los ingresos fiscales y, por todos es conocido que las compañías aportan más del 70% de la recaudación por impuesto a la renta. ¿De dónde, pues, viene ese tufillo anti empresarial en los mensajes del jefe de Estado, los obispos y la clase política en general?

Desde este portal lanzamos un reto a la Sunat que —junto a los asesores izquierdistas que seguramente rodean al jefe de Estado— parece impulsar la idea de que las empresas no pagan impuestos y adeudan sumas astronómicas al Estado. ¿Cuántos de los 10 principales contribuyentes del país están entre las empresas que supuestamente adeudan —según el presidente Vizcarra— el 1% del PBI al Estado? Aquí ensayamos una hipótesis: la mayoría de los 10 principales contribuyentes. Actuar de esa manera, ¿ no es querer matar la gallina de los huevos de oro? ¿Se puede relanzar la inversión privada con esos mensajes?

¿Por qué entonces se le pega tanto al empresariado? Estas preguntas las formulamos en un país que, no obstante sus problemas acumulados, ha logrado reducir pobreza del 60% de la población a solo 20% sobre la base de la inversión privada. Los estudios nacionales e internacionales señalan que del total de reducción de pobreza, el 75% es aporte privado, en tanto que el 25% restante corresponde a la inversión del Estado y las ONG. Algo más. El mensaje de los obispos y el jefe de Estado se formula en momentos en que la inversión privada ha caído durante cuatro años y en el 2017 la pobreza aumentó en un punto.

A entender de este portal, estas cosas suceden en el Perú porque los sectores que defienden la democracia y la economía de mercado han abandonado la lucha ideológica, dejando el terreno libre a las propuestas antisistema. Las ONG de izquierda se dedican a elaborar informes acerca de supuestas negativas de las grandes empresas a pagar impuestos, ante la indiferencia de los sectores proinversión. Los resultados ya están sobre la mesa.