Malas noticias republicanas

La ponencia del magistrado Carlos Ramos, del Tribunal Constitucional, en la que “constitucionaliza” el argumento de la “denegación fáctica de la cuestión de confianza”, esgrimido por el Ejecutivo para justificar el cierre inconstitucional del Congreso, es una terrible noticia para el proceso de construcción de instituciones republicanas. 

Existen varios argumentos jurídicos y constitucionales que cuestionan la pasada disolución del Legislativo, pero el más relevante señala que la negación de cualquier cuestión de confianza debe ser expresa. Sin embargo, el Ejecutivo ha creado la figura “la negación fáctica” (nunca hubo negación expresa) para justificar el cierre inconstitucional de un poder del Estado que fue elegido mediante el sufragio de los peruanos. Muy por el contrario, la votación en el Legislativo pasado aprobó la cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo.

¿Qué podría significar entonces que el TC declare infundada la demanda competencial alrededor del tema presentado por el presidente del Congreso, Pedro Olaechea? Que en el futuro cualquiera que tenga apoyo popular puede interpretar la Constitución como le plazca y proceder a cerrar o clausurar las instituciones republicanas. En otras palabras, el actual TC estaría pulverizando la legitimidad constitucional y la majestad de nuestra Carta Política. Las reglas constitucionales serán relativas y las instituciones estarían a merced del próximo caudillo plebiscitario que surja.

La posibilidad de que el TC “constitucionalice” la llamada “denegación fáctica” se produciría no obstante que nadie está reclamando que las cosas vuelvan al estado previo al cierre del Legislativo. Imaginar que se reinstale el Congreso anterior sería un despropósito político, porque desataría una cruenta polarización que solo favorecería a las corrientes comunistas y colectivistas que proponen una asamblea constituyente para redactar una Carta Política de contenido anticapitalista. La sentencia del TC sobre la demanda competencial debería, pues, establecer precedentes para el futuro, para la construcción de instituciones republicanas. De confirmarse la versión sobre la ponencia del magistrado Ramos, estaríamos ante una mala noticia republicana.

Otra mala noticia para la construcción de la República es la decisión de la Comisión Especial encargada de seleccionar a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de postergar la juramentación de dos miembros seleccionados en un concurso público. Los argumentos en contra de la designación de los dos mencionados solo responden a los intereses de un sector político del país y no revisten seriedad jurídica. El solo hablar con un ex magistrado supremo cuestionado se ha convertido en el principal argumento de un sector para eliminar a otro de cualquier institución. No puede ser. 

Las instituciones son organizaciones nacidas en base a reglas y que funcionan solo con procedimientos previamente establecidos. Debido a su propia naturaleza, estas entidades están llamadas a preservar los procedimientos sobre cualquier tipo de presiones, por la sencilla razón de que si se allanan a ellos nunca existirán instituciones. La presión al margen de las reglas y los procedimientos son las antípodas, pues, de las instituciones. Sin embargo, la Comisión Especial encargada de seleccionar a los miembros de la JNJ aceptó las presiones, no obstante que esta entidad está conformada por organismos tutelares del sistema republicano. Una situación extremadamente difícil de entender.