Los abusos de las rondas campesinas

Presidente del Poder Judicial justifica supuesta justicia de las rondas campesinas

Semanas atrás la jueza María Chuquillanqui Chinguel y personal de la Policía Nacional fueron atacados por un grupo de ronderos del caserío de Chipillico, en la provincia de Ayabaca (Piura). La magistrada iba a ejecutar un habeas corpus favorable a una persona acusada de robo y que estaba retenida por los ronderos. Ello provocó la ira de más de 300 personas que atacaron a la jueza y a los policías, quienes lograron escapar. No obstante, en lugar de una condena firme de parte del Estado —en este caso del presidente del Poder Judicial, Duberli Rodríguez— contra aquellos que cometen actos violentos, bajo la excusa de una supuesta “justicia rondera”, se les trata con guantes de seda y se justifican sus actos.

En una entrevista, Duberli Rodríguez sostuvo que la jueza Chuquillanqui “cometió un error al querer interferir en este caso” que ya estaba en administración de la justicia comunal y cuya investigación todavía no culminaba. Si el propio presidente de un poder del Estado, como el Judicial, toma semejante posición a favor de una supuesta administración de justicia de las rondas campesinas, y en contra de sus propios subordinados, entonces todo anda de cabeza en la justicia peruana. De allí que sostengamos que la debilidad del Estado es absoluta, porque se ha renunciado al ejercicio de la autoridad y cada vez son más frecuentes los abusos y la violencia de la “justicia rondera”

Si bien el Artículo 149° de la Constitución señala que las autoridades de las comunidades campesinas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial —siempre que no violen los derechos fundamentales de las personas—, la norma no da carta libre para disponer de la justicia sin importar que existe el Poder Judicial y otras instituciones. Estamos ante una conducta recurrente de abuso de parte de las rondas, que se repite con impunidad en Cajamarca, La Libertad y Piura. Cada vez tenemos más denuncias de los abusos cometidos por estas organizaciones. En el 2013 ronderos de Huancabamba azotaron a seis personas que trabajaban en la minera Río Blanco Cooper, en la comunidad de Portachuelos, a donde llegaron buscando a otros cinco compañeros que estaban perdidos. Semanas después solo un trabajador fue rescatado vivo y los demás fueron hallados muertos. ¿Quiénes los asesinaron? Hasta hoy el crimen no se esclarece.

Uno de los casos más resaltantes sucedió en Cajamarca, donde 16 miembros de las rondas campesinas de Celendín secuestraron y maltrataron a Luis Castañeda Pisco, ex gobernador del distrito de Sorochuco, y Pedro Zamora Rojas, ex gobernador de la provincia de Celendín, en venganza porque ellos y los habitantes de esas y las demás localidades adyacentes al proyecto Conga apoyan de manera decidida ese emprendimiento minero.

Allí la ONG de izquierda Grufides, cuyo dueño es el ahora congresista Marco Arana, defendió a los ronderos bajo el argumento de que estos hicieron “justicia popular”. Hoy las rondas campesinas en Cajamarca pueden secuestrar y golpear a las autoridades, pobladores y trabajadores mineros. Estas rondas campesinas —en Cajamarca como en Piura— son utilizadas como fuerza de choque por el movimiento antiminero.

¿Se respetan los derechos fundamentales administrando justicia como lo hacen las rondas campesinas? En absoluto. El presidente del Poder Judicial se equivoca cuando intenta defender y justificar el accionar abusivo de las rondas campesinas. ¡Es hora de que el Estado recupere autoridad y disuelva esta especie de organizaciones parapoliciales que siembran terror en las comunidades!