Lluvia populista

Agendas electorales empiezan a prevalecer sobre la gobernabilidad

El contemplar a los ex presidentes Alan García y Alejandro Toledo solicitando que las fuerzas armadas realicen patrullajes para enfrentar el desborde de la criminalidad es la mejor postal que nos muestra que el desarrollo de la campaña electoral empieza a subordinar al proceso político en general.

Si le sumamos el hecho de que, unas semanas antes, el fujimorismo sorprendió a tirios y troyanos apoyando la propuesta de que Petroperú administre el Lote 192, y que Keiko Fujimori se manifestó contraria a la declaratoria del estado de emergencia en Las Bambas, entonces, comienza a ser evidente que las agendas electorales empezarán a predominar sobre la necesidad de fortalecer la gobernabilidad.

En noviembre el jefe de Estado debe convocar a elecciones generales y la democracia peruana ingresará a una etapa de transición en la que, de una u otra manera, la sociedad se movilizará alrededor de las ofertas de los candidatos. En este contexto, emerge una interrogante: ¿Cómo hacemos para preservar la necesaria gobernabilidad de un país en el que se profundiza la desaceleración y no se puede contener la ola de desborde criminal?

El desarrollo de las estrategias electorales podría terminar enviando terribles señales a los actores económicos: el retorno de la idea de Petroperú como empresa estratégica, los proyectos en el Legislativo que buscan acabar con el mercado libre de tierras, las iniciativas que intentan eliminar el régimen laboral agrario y otros, podrían constituirse en verdaderos caballos de Troya que no solo afectarían los círculos virtuosos del crecimiento sino que agravarían la desaceleración.

El silencio de los candidatos con respecto a la violencia del radicalismo anti minero en Las Bambas y la crítica de Keiko Fujimori a la declaratoria de emergencia en esa zona, nos revelan que un eventual cruce entre las dinámicas electorales y las propias de la gobernabilidad es un fenómeno que puede complicarse hasta niveles impensados.

Está demás señalar que muy pronto empezará una carrera por demostrar qué candidato es “el mano dura más potente” con respecto a la criminalidad y las propuestas erráticas se multiplicarán en una feria de la demagogia.

Es evidente que el inicio de una campaña electoral para el cambio de gobierno revela una relativa salud de la democracia porque, finalmente, es una señal irrefutable de que se cumplen los plazos establecidos para el ejercicio del poder, sobre todo, cuando el Perú avanza hacia su cuarto proceso electoral ininterrumpido.

Pero todos, absolutamente todos, deben recordar que la democracia persiste porque el crecimiento económico ha continuado reduciendo pobreza. Si se olvidan de esta cuestión fundamental, los candidatos se despojan del necesario papel de estadista para convertirse en simples recolectores de votos.

Semejante reflexión debería ser determinante en los llamados candidatos del elenco estable (Keiko, PPK, García y el propio Toledo) porque la única explicación de su continuidad en política está en el crecimiento y la ampliación del bienestar. Si hay dudas, vale revisar las encuestas y volver a confirmar la desaprobación que padecen nuestros políticos.

Nadie niega que el nacionalismo ha sido el peor desastre del siglo XXI, que nos ha llevado a un deterioro institucional y económico impensados, pero cuando los oficialismos fracasan en democracia, llega el momento en que la oposición tiene que cargar con todo el peso de la gobernabilidad.