Las rondas, los llamados “pueblos originarios” y la libertad

El secuestro y extorsión de dos periodistas de Cuarto Poder por las rondas campesinas y la inscripción de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas (CUNARC) en la base de Datos de Pueblos Originarios del Ministerio de Cultura “como representantes de los pueblos indígenas ante el Estado Peruano”, abren un debate crucial para el futuro del sistema republicano y las libertades.

El debate no es uno cualquiera, es uno capital; sobre todo ahora que, en Hispanoamérica, los proyectos bolivarianos llegan al poder proponiendo constituyentes para crear una “república plurinacional con equidad de género”. Los dirigentes de CUNARC y las propias autoridades del Ministerio de Cultura dejan entrever que los dirigentes de las rondas representan a más de dos millones de personas del área rural. En otras palabras, nos dicen que dicha organización se erige en la principal representante de las comunidades campesinas. Y si le agregamos que las rondas deben acreditarse ante las prefecturas, ahora controladas e influenciadas por prefectos vinculados al Movimiento de Amnistía de Derechos Fundamentales (Movadef), de orientación maoísta, tenemos la ecuación perfecta para desarrollar una estrategia contra el sistema republicano. 

También debemos recordar que una de las estrategias iniciales del Gobierno de Pedro Castillo estaba en generalizar las rondas urbanas. Y en las zonas mineras, sobre todo en el sur del país, tenemos una de las piezas claves de la estrategia de la asamblea constituyente. ¿Quién ha sostenido que la constituyente es un proceso archivado? Es uno en plena organización y desarrollo.

Ahora bien, es evidente que la Constitución, las resoluciones del Poder Judicial y la Ley N° 24571 reconocen el papel de las rondas campesinas en las áreas rurales. El artículo 149 de la Constitución establece que “…Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona…”.

Es evidente, pues, que lo sucedido con los periodistas en Cajamarca fue un secuestro y extorsión por las rondas campesinas. Nadie puede violar los derechos fundamentales de la persona, consagrados en la Constitución, más allá de las leguleyadas comunistas y progresistas en la argumentación.

Sin embargo, el nuevo debate que debe procesar el Perú si es que pretende salvar su sistema republicano y evitar arbitrariedades es, ¿qué se entiende por “pueblo originario”? Es el debate de fondo que lo definirá todo.

Los únicos pueblos originarios del Perú, de acuerdo a la definición del Convenio 169 de la OIT, deberían ser los pueblos de la selva amazónica. ¿Por qué? Porque en esas regiones nunca llegó el virreinato, nunca hubo mestizajes. Las comunidades quechuas y aymaras son productos netos del mestizaje del virreinato de más de tres siglos en el Perú.

Una de las cosas que se olvida en el Perú es que la difusión del quechua como lengua franca en el mundo andino –cuando llegaron los españoles se hablaban decenas de lenguas– es una acción de los sacerdotes españoles que elaboraron la gramática quechua (también de la aymara) para difundir el catolicismo, una de las características culturales sin la cual no se puede hablar de lo andino.

Pero no solo se trata de la lengua. José María Arguedas ya había establecido que la actual comunidad campesina del Perú es una reproducción exacta de las comunidades de Castilla. El virrey Toledo desarrolló esa gigantesca reforma sobre los ayllus prehispánicos y organizó una de las columnas de las sociedades andinas. Todo lo que hay en los Andes es producto de un sincretismo y lo hispano reverbera en las polleras de las mujeres, en las camisas y pantalones tradicionales de los varones, en los instrumentos de música y en los colores de las fiestas. En los Andes parece reproducirse la vieja Castilla.

El discurso de “los pueblos originarios” proviene de una generación ilustrada en las universidades nacionales, que esconde su adhesión al marxismo e inventa la entelequia de lo originario. Por estas consideraciones, ya es hora de que los defensores de la Constitución y la libertad asuman el debate.