Las bancadas de la centro derecha –entre ellas Fuerza Po...
En los últimos días la administración Castillo ha lanzado dos narrativas que pretenden ganar predicamento en la población: la nacionalización del gas y la llamada “segunda reforma agraria”. En ambas propuestas no existe el menor asidero en la realidad y menos viabilidad. El motivo: de concretarse tendrían que pasar por el Congreso.
Ambas propuestas se han lanzado cuando diversas instituciones y economistas señalan que el próximo año la inversión privada caerá significativamente. Las proyecciones de caída varían entre 15% y 3% y es evidente que el 2022 no se reducirá la pobreza. Muy por el contrario, se aumentará este flagelo. En este contexto, ¿Qué razonamiento puede haber en los integrantes de la administración Castillo para lanzar el humo espeso de las nacionalizaciones del gas y de la “segunda reforma agraria”?
A nuestro entender Perú Libre y el Movimiento por la Amnistía de Derechos Fundamentales (Movadef), que tienen influencia gravitante en la administración Castillo, están acelerando la confrontación con la resistencia democrática y republicana en el Congreso y la sociedad, que busca preservar la vigencia de la Constitución y las libertades.
No es de extrañar, pues, que todas estas narrativas colectivistas se lancen en el preciso momento en que se tiene que tramitar la eventual censura del ministro de Trabajo, Iber Maraví, por sus vínculos con el Movadef y se plantee la posibilidad de que el Ejecutivo interponga cuestión de confianza. Semejante acto pondría al sistema republicano en la disyuntiva final de vacancia presidencial o disolución del Congreso, tal como lo han planteado diversos observadores.
Asistimos entonces al desarrollo de narrativas sectoriales que buscan alimentar la gran narrativa general en camino a la asamblea constituyente. Por todos es conocido que la narrativa que unificaba a comunistas y progresistas, de alguna manera, se focalizaba en la crítica del modelo neoliberal que, según ellos, “excluía y postergaba a amplios sectores”. Según este relato, por ejemplo, los responsables de que no existan carreteras, colegios y postas médicas en las zonas mineras, no era el Estado –repleto de recursos fiscales que no ejecutaba o gastaba mal–, sino las empresas privadas mineras.
En general, el objetivo de este relato era señalar que las empresas privadas y la economía de mercado generaban exclusiones intrínsicamente, exculpando al Estado fallido de las últimas dos décadas, que ha manejado los mayores recursos de nuestra historia republicana aportados por el sector privado. La consecuencia de esta narrativa siempre fue que se debía reducir el mercado y engrosar las funciones del Estado.
Hoy esa narrativa ya no es suficiente porque la propuesta de Perú Libre y el Movadef es refundar el Perú a través de una asamblea constituyente que organice una república plurinacional con equidad de género. Para refundar algo se necesita cuestionar toda la historia previa. El presidente Castillo lo hizo en el mensaje de Fiestas Patrias cuando dijo que el Incanato fue el Edén y el Virreinato y la República representaban dos siglos de opresión occidental. La consecuencia evidente de este relato es la urgencia de la constituyente para reivindicar a “los pueblos originarios”.
Hoy se lanzan las narrativas de la nacionalización del gas y “la segunda reforma agraria”, no porque se considere que sean viables en el actual marco republicano, sino porque se pretende conseguir apoyo popular para enfrentar la disyuntiva vacancia o disolución. O, para utilizar términos leninistas, “defender al gobierno popular de Castillo en las calles ante la posibilidad de un golpe de Estado”.
Como se aprecia, para las corrientes comunistas salvo las narrativas todo es ilusión. La gran pregunta que todos se formulan es si los defensores de la Constitución, dentro y fuera del Congreso, estarán a la altura del momento histórico.
Vale recordar que casi no hay pueblo que goce de libertad sin haber luchado por ella.
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