Las izquierdas, la destrucción de la PNP y el desborde criminal

La Comisión Permanente del Congreso acaba de aprobar la inhabilitación de la función pública al expresidente provisional Francisco Sagasti por haber pasado al retiro a tres tenientes generales y 16 generales de la policía nacional del Perú (PNP) de manera absolutamente ilegal. Sagasti, el representante de la minoría de las minorías en el Congreso, fue encumbrado a la jefatura de Estado por un golpe de masas en contra del gobierno constitucional de Manuel Merino.

Sin embargo, cuando fue elegido, Sagasti, en vez de convocar a la unidad nacional y a los entendimientos, ejecutó el libreto leninista que suelen desarrollar todas las corrientes progresistas y neocomunistas: descabezó a la PNP de 19 oficiales generales; es decir, liquidó la experiencia y el aprendizaje institucional de varias generaciones de oficiales, con el objeto de colocar en la comandancia de la PNP a un allegado político. En esta audaz decisión lo acompañó el entonces ministro del interior Rubén Vargas.

A nuestro entender, allí está la causa principal del desborde de la ola criminal que azota a nuestra sociedad: la destrucción de la institución policial con el objeto de instrumentalizarla políticamente, tal como sucedió con la emergencia de una policía política a través de la Diviac.

La conducta de Sagasti tiene sus antecedentes en el gobierno de Ollanta Humala, en el que se pasó al retiro a 30 oficiales generales de la PNP. En otras palabras, en menos de 10 años, 50 oficiales generales que estaban en carrera a la comandancia general de la PNP fueron pasados al retiro. Lo que agrava el yerro de Sagasti es que después del gobierno nacionalista se aprobó una ley que establece que el jefe de Estado solo podía nombrar al comandante general de la PNP entre los tres primeros oficiales del escalafón.

En semejante descabezamiento e instrumentalización de la institución policial, pues, está la principal explicación de la ola criminal que afecta a los peruanos de toda condición social. Es imposible que la PNP actúe de manera eficiente frente a la exportación del crimen organizado que viene de otros países con una línea de carrera institucional mermada por los intentos de las izquierdas de instrumentalizar a la PNP.

Y si a esto le agregamos la persecución judicial de policías y militares que promovieron oenegés que, supuestamente, defienden Derechos Humanos, tenemos el cóctel perfecto que explica la destrucción moral e institucional de las fuerzas de seguridad para enfrentar la ola criminal. Todos sabemos cómo se ha perseguido a nuestros soldados que enfrentaron el terrorismo colectivista en los años ochenta, persecuciones de por vida que violan todo principio humanitario.

Igualmente, ante el golpe fallido de Pedro Castillo, la violencia insurreccional que pretendía destruir aeropuertos, bloquear carreteras para quebrar la economía nacional y asfixiar a las ciudades con el objeto de instalar una asamblea constituyente e instaurar un poder soviético, nuestros soldados y policías defendieron el Estado de derecho y salvaron la institucionalidad. Sin embargo, hubo un lamentable saldo de 60 peruanos muertos. En vez de responsabilizar a las milicias que pretendían incendiar aeropuertos, alrededor de 300 efectivos de las fuerzas de seguridad están judicializados, inclusive algunos en prisión, por haber salvado el Estado de derecho en el Perú. ¿Alguien cree que se puede luchar así contra la ola criminal y la violencia? Imposible.

En los últimos años muchos miembros de la PNP han sido encarcelados por hacer uso legítimo y constitucional de la fuerza pública en contra de la delincuencia en las calles. La explicación: la terrible labor de las oenegés, supuestamente defensoras de DD.HH., ha influenciado en el sistema de justicia, y muchos policías terminaron procesados y encarcelados por uso desproporcionado de la fuerza. ¿Alguien cree que semejante estado de cosas no afecta a la moral de la PNP en la lucha contra la ola criminal?

La destrucción institucional y moral de las fuerzas de seguridad, pues, es una de las causas principales del desborde de la ola criminal. Felizmente, las decisiones del Congreso y el humor de la sociedad empiezan a rectificar estas terribles tendencias desorganizadoras.