¡Las Bambas y Camisea en peligro! ¿Alguien duda del proyecto chavista de Castillo?

Dos de los más grandes proyectos de inversión en recursos naturales que se materializaron por la vigencia de la actual Constitución, el respeto a los contratos y la propiedad privada y la firma de 22 tratados de libre comercio y otros pactos internacionales, están a punto de ser destruidos a pocas semanas del nuevo gobierno de Pedro Castillo.

Nos referimos a Las Bambas y el Gas de Camisea. El primero es uno de los diez megaproyectos más grandes de cobre del mundo –que demandó una inversión de alrededor de US$ 10,000 millones– y actualmente produce alrededor de 400,000 toneladas de cobre anuales. Hoy la producción de Las Bambas, que aporta cerca del 1% del PBI, está paralizada por los bloqueos en el llamado corredor minero del sur y el abierto abandono de parte del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y el gobierno de Castillo.

De otro lado, el proyecto del Gas de Camisea que demandó una inversión de más de US$ 3,500 millones –que financia la mitad de los recibos de luz de la mayoría de peruanos– y aporta el 65% de sus ingresos netos en impuestos y regalías, igualmente hoy está bajo ataque por la amenaza de nacionalización que desarrollan Bellido y el propio Castillo. Planteada las cosas así vale preguntarse si alguien duda del proyecto chavista y colectivista del actual gobierno.

En pocas semanas, el gobierno de Pedro Castillo –ya sea con el anuncio de la asamblea constituyente, la designación del cuestionado Gabinete Bellido y el reciente anuncio de la nacionalización del gas– ha frenado en seco tres décadas de crecimiento y proceso de reducción de pobreza en el Perú. La tragedia en el tema de los hidrocarburos es que, de alguna manera, se pretende copiar la legislación de Bolivia, un país que luego de las llamadas nacionalizaciones avanza a convertirse en importador neto de gas, por falta de inversiones privadas en exploraciones. El mismo camino de Venezuela, que ha perdido su autosuficiencia petrolera por falta de inversión privada.

El objetivo entonces de la administración Castillo es cuestionar la seguridad jurídica que se cultivó el Perú durante tres décadas con el respeto irrestricto a los contratos. Un modelo que posibilitó millones de dólares en inversiones, triplicar el PBI, reducir la pobreza del 60% de la población a solo 20% (hasta antes de la pandemia) y –más allá de los problemas– generar el proceso de inclusión más significativo de la historia republicana.

Si hay dudas al respecto, cabe analizar la llamada “Agenda 19” que acaba de presentar el sector Trabajo al Congreso, en la que se pretende crear una legislación laboral basada en negociaciones colectivas e incremento de supuestos derechos laborales que de ninguna manera podrán solventar el 90% de las empresas. Es decir, las pequeñas y medianas empresas. 

El proyecto estatizador del sector Trabajo nunca recogió la opinión del sector privado. Algo parecido sucedió en la inicial convocatoria del Grupo de Trabajo para la llamada “Segunda Reforma Agraria”, que impulsa el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). No se tomó en cuenta al sector agroexportador que, en dos décadas, ha convocado US$ 20,000 millones en inversiones y ha posibilitado exportaciones anuales de más de US$ 7,000 millones. Únicamente se llamó a los representantes de los minifundistas, que necesitan con urgencia ligarse a las cadenas de agroexportación para superar la pobreza.

La lista es larga, pero la economía y la sociedad y el Estado que, más allá de todos los problemas, construimos todos los peruanos, comienzan a ser destruidas ladrillo por ladrillo. La asamblea constituyente es la bandera política, pero las estatizaciones, el terror que se causa a la inversión privada y la pérdida del empleo, es la manera fáctica de avanzar hacia la colectivización de la economía.

¡Es hora de reaccionar! Mañana despertaremos con las libertades secuestradas.