¡Las Bambas paralizada 43 días!

Sigue el bloqueo de la carretera que permite sacar el mineral del megaproyecto más grande del Perú, que aporta alrededor del 1% al PBI. Las Bambas está bajo asedio y el Gobierno de Vizcarra no toma una sola medida, mientras todas las autoridades políticas y judiciales se hacen de la vista gorda. El Perú está a merced del radicalismo anti inversión.

Desde el 4 de febrero pasado, la carretera del Corredor Minero del Sur está bloqueada por un grupo de pobladores de la comunidad de Fuerabamba, ubicada en el distrito de Challhuahuacho (provincia de Cotabambas, Apurímac), lugar donde se desarrolla el proyecto minero Las Bambas. Dirigentes del radicalismo antiminero les han dicho a los pobladores que la carretera les pertenece, que no es vía nacional y, por tanto, tienen el derecho de cobrar una compensación por los camiones que transportan mineral utilizando la vía.

La compensación que reclaman los supuestos dirigentes radicales no está justificada. La carretera fue reconocida como vía pública regional en marzo de 2014 y reclasificada como ruta nacional mediante Resolución Ministerial Nº 372-2018 MTC/01.02, del 25 de mayo de 2018. Además en 2011, mediante escritura pública y antes de la reubicación de los pobladores en la ciudadela Nueva Fuerabamba, Las Bambas era titular de una servidumbre de paso (derecho de uso de la carretera) reconocida por la comunidad.

Debido a los constantes actos de violencia en contra de la minería, la carretera fue declarada en emergencia por el Estado, el 17 de agosto del año pasado. En ese contexto, en el 2018 la producción de cobre de Las Bambas disminuyó en un 15% respecto al 2017. Como se sabe, en el sur peruano se produce el 60% de cobre y Las Bambas aporta al país el 1% de la producción nacional.

Los hermanos Frank y Jorge Chávez, instigadores del bloqueo de la carretera, promueven que los pobladores desconozcan todo los acuerdos entre la minera y la comunidad. Acuerdos relacionados con la permuta de los terrenos por viviendas en la nueva ciudadela Fuerabamba y la correspondiente compensación económica a cada uno de los pobladores.

Con el cuento de que la carretera le pertenece a la comunidad, la extrema izquierda intenta detener la producción nacional de cobre. El plan de las dirigencias antisistema es ralentizar el crecimiento económico para señalar que el modelo, denominado por ellos “neoliberal y primario extractivista”, ha fracasado. El objetivo: promover los colectivismos y los estatismos.

El intento de cobrar “peaje” en el Corredor Minero del Sur es ilegal, porque se trata de una carretera considerada nacional. Los hermanos Chávez, asesores de los dirigentes radicales, cobrarían un porcentaje del peaje que se pretende imponer. ¿Cómo las autoridades nacionales y regionales permiten semejante violación de la Constitución y el orden legal?. ¿Acaso no hay policía, fiscales y jueces que hagan valer el Estado de derecho en el Perú? El pretendido “peaje” en realidad es un “cupo”, una manera de extorsión que afecta al libre tránsito y al derecho al trabajo, consagrados en nuestra Carta Política.

¿Qué medidas ha tomado el Ejecutivo de Martín Vizcarra en los más de 40 días de paralización de la producción de cobre?  El Estado no puede volver a abdicar de la autoridad que le otorga la Constitución. Si Vizcarra continúa gobernando en función de la popularidad, sin ejercer el principio de autoridad, el futuro económico será sombrío: enfriamiento de las inversiones e incremento de la pobreza y la informalidad.