¡La urgencia de recuperar la autoridad!

Frente al irresponsable abandono de la autoridad democrática de parte de la administración Sagasti, inevitablemente el Congreso empieza a ser responsable, ya sea por acción u omisión. El motivo: el actual Ejecutivo no es sino la expresión del gobierno interino del Congreso, frente a la ausencia de las vicepresidencias en la línea de sucesión constitucional.

Asimismo, el Legislativo tiene plena responsabilidad frente a la errática conducción del Legislativo de Mirtha Vásquez, actual presidenta interina del Legislativo y militante del Frente Amplio, quien adrede prorroga la actual legislatura. Además Vázquez, sin el acuerdo de los portavoces, pretende aprobar una ley agraria que estatiza las agroexportaciones, creando el escenario para que se eleve la tensión y surja la acción provocadora de las minorías radicalizadas. Pretende aprobar una ley que ha sido rechazada en tres ocasiones por la mayoría parlamentaria.

¿Cómo se pretende aprobar una norma que estatiza las agroexportaciones si esta ha sido rechazada hasta en tres ocasiones? ¿Cómo se pretende que una mayoría que se abstiene y vota en contra de la estatización agraria se convierta en minoría? ¿O acaso se quiere cambiar la representación parlamentaria por soviets que surjan en los bloqueos de carreteras en el norte y el sur del país? Incuestionablemente, estas estratagemas buscan que los bloqueos se conviertan en los factores de decisión alrededor de la disyuntiva de si se estatiza o no la agroindustria.

De otro lado, la presidencia interina de Francisco Sagasti empieza a hacer agua por todos los lados de su frágil barco. Por eso no se atrevió a defender los principios generales de la derogada Ley de Promoción Agraria, que explica el incremento de nuestras agroexportaciones agrarias de US$ 850 millones a US$ 7,000 millones y la reducción de pobreza en las zonas agroexprotadoras del 60% a solo 22%. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no defendió los criterios laborales ni tributarios de la derogada Ley de Promoción Agraria, rompiendo una tradición de tres décadas de defensa de la inversión privada en el sector Economía.

A esta devastadora situación se debe agregar el hecho de que la administración Sagasti ha quebrado la autoridad del Estado democrático, asumiendo el relato izquierda que pretende demonizar a nuestra Policía Nacional del Perú (PNP) por el solo hecho de resguardar el orden público ejerciendo los mandatos de la Constitución y la ley. Ante esta situación, los efectivos de la PNP se abstienen de asumir sus funciones frente a la violencia de las minorías radicalizadas, por temor a ser acusados por las izquierdas de “violar los derechos humanos”. 

Con este tipo de estrategias una revuelta de menos de 3,000 personas logró derogar la Ley de Promoción Agraria que fue mantenida durante dos décadas, a través de cuatro gobiernos constitucionales. Con estas mismas estratagemas se pretende aprobar una ley que estatiza las agroexportaciones, no obstante la opinión en contra de la mayoría parlamentaria. Y es evidente que, con este mismo software se pretende derogar la Ley General de Minería y forzar la convocatoria de una asamblea constituyente.

De pronto cualquiera podría señalar que desde los vértices del Ejecutivo y el Legislativo se alienta o se permanece indiferente frente a estrategias y situaciones que pretenden terminar con todos los logros institucionales, económicos y sociales de las últimas tres décadas. De una u otra forma, entonces, la mayoría de bancadas del Congreso empiezan a ser responsables de esta situación si es que no asumen su papel en la defensa del actual proceso de construcción republicana.