La comisión de Constitución del Congreso de la R...
En los últimos días ha surgido una ola de informaciones acerca de la “Tercera toma de Lima”, que estarían organizando los grupos radicales para el próximo 19 de julio. No obstante, en las regiones el sentimiento de las provincias es uno absolutamente distante de las acciones de violencia o estrategias políticas que buscan la renuncia del Ejecutivo, el cierre del Congreso y la convocatoria de una constituyente. El motivo: la recesión que afecta, sobre todo a las regiones del sur, y que ha quebrado los mercados populares y las economías familiares.
Es incuestionable que los dirigentes del Frente Nacional de Trabajadores de la Educación Peruana (Fenatep), del Movimiento por la Amnistía de Derechos Fundamentales (Movadef) y el Comité Nacional de Lucha (Conulp), todos ellos vinculados al maoísmo de Sendero Luminoso, han iniciado una campaña frenética de reuniones y convocatorias buscando acumular fuerzas para el 19 de julio. Sin embargo, en las provincias, en los mercados emergentes, en las comunidades campesinas y en la economía familiar sureña se está a la espera de qué hace el Ejecutivo. El problema es que, al parecer, el Gobierno no está haciendo nada.
En este contexto, la sobrevaloración informativa de la llamada “Tercera toma de Lima” empieza a ocultar la inacción gubernamental en cuanto a la demanda de un shock de inversiones en el sur y el desarrollo de obras de prevención para enfrentar un posible fuerte Fenómeno de El Niño. Y por otro lado, se comienza también a esconder que las mayorías de las provincias del sur están completamente distantes del radicalismo y el violentismo.
Si bien es cierto que las mayorías sureñas no parecen dispuestas a escribir un nuevo capítulo de la violencia, es evidente que la inacción del Ejecutivo, la ausencia del Estado y la legalidad excluyente engordan el sentimiento antisistema. Y allí reside el gran problema del Perú: con la indolencia gubernamental se está alentando una movilización antisistema que puede amenazar la libertad y la democracia en las próximas elecciones nacionales del 2026.
El hecho de que haya fracasado el último paro del 30 mayo pasado en Puno, de ninguna manera debería llevar a creer que las amenazas contra la institucionalidad han cesado. A nuestro entender, una amenaza más grave y con consecuencias en el largo plazo es que fermente, madure y se consolide un sentimiento antisistema que vuelva a ganar las elecciones en el país. Si eso sucediese, el futuro del Perú estaría comprometido.
Por todas estas consideraciones si en el Gobierno se pretende evitar una crisis de gobernabilidad, el Ejecutivo debería convocar a reuniones de gobernadores y alcaldes provinciales en cada una de las regiones del sur y del norte, urgidas de un shock de inversiones y del desarrollo de obras de prevención inmediatas. En estas reuniones el Estado se declararía en emergencia nacional para movilizar la inversión pública, convocar al sector privado y a la sociedad y desarrollar reformas legales si fuese necesario. En ese sentido, también es importante que el Congreso participe de estos cónclaves.
El Perú necesita declararse en emergencia para superar los años en que el Estado abandonó sus responsabilidades frente a la sociedad y a las provincias, no obstante que nunca antes hubo tantos recursos aportados por el sector privado a través de los impuestos. Demasiados recursos, pero demasiada incapacidad parece ser la conclusión.
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