La República al ritmo de los audios

La democracia peruana se asemeja a un grupo de ballenas que pierde la orientación en el inmenso océano y avanza hacia una playa remota para perpetrar un suicidio colectivo. Todos los actores parecen contribuir a esta especie de autodestrucción institucional, bajo la creencia de que uno de los bandos puede ganar. Y esta tendencia tanática se desarrolla al ritmo de la difusión de los audios: luego de una primera tanda, en que se denunciaba un repudiable tráfico de influencias de ciertos magistrados, se propala otra oleada con conversaciones intrascendentes de los implicados en delitos con personajes vinculados a una determinada facción política y judicial. El objetivo: presentar a los últimos como parte del sistema de corrupción.

Nadie reacciona frente a la intencionalidad de un Gran Hermano que controla los audios y los dosifica con criterios estrictamente políticos y que nada tienen que ver con la lucha contra la corrupción. Y, de pronto, los actores y las instituciones parecen estar a merced de esta estrategia. Por ejemplo, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, comete el error de negar una reunión con 20 periodistas de los medios que hoy pretenden lincharlo, y en el acto el ex fiscal de la Nación, Pedro Sánchez, sale a sumarse al apedreamiento. Es decir, las instituciones se han convertido en campo de batalla de facciones.

En este contexto, la estrategia detrás de la dosificación de los audios es una sola: dejar en claro que las instituciones no pueden procesar la reforma y que, por lo tanto, hay que recurrir al “soberano”, a la calle, a la “democracia plebiscitaria”. El presidente Martín Vizcarra acepta esta estrategia y plantea un referéndum en el que se mezcla el populismo político con fórmulas de la reforma judicial. Luego de una primera reflexión el PCM, César Villanueva, señala que el referéndum no sería necesario si el Congreso procesa con rapidez la consulta popular, pero horas después precisa que el referéndum va sí o sí.

En otras palabras, “el soberano” será consultado para fortalecer la figura de Vizcarra y dejar en off side a las instituciones, porque nadie puede señalar que las reformas judiciales no se hacen consultando a los electores. ¿O sí? Si en el Congreso se pretende, según se dice, mediatizar el referéndum eliminando preguntas absurdas (como la no reelección de congresistas) o incorporando temas polémicos (como la ley de publicidad estatal), entonces el Ejecutivo plantearía la cuestión de confianza y avanzaríamos a cerrar el Congreso.

En cualquier caso, es un triste momento para la República, en el que todos los actores e instituciones deberían converger para desarrollar una reforma de la justicia, un asunto largamente pendiente desde la Independencia del Perú. No obstante, hoy la discusión es si hay o no hay referéndum alrededor de la reelección congresal, en la precisa circunstancia en que todos están obligados —por la indignación ciudadana— a desarrollar la reforma judicial.

Más allá de los esfuerzos individuales del nuevo titular del Congreso, Daniel Salaverry, para mejorar las cosas y la voluntad y las respuestas de Úrsula Letona, en Fuerza Popular solo parece haber desconcierto y falta de orientación. En momentos tan aciagos para la democracia el fuerzapopularismo ni siquiera ha presentado sus propuestas y lineamientos para reformar la justicia. ¡Es increíble!

La democracia, que avanza hacia una quinta elección nacional sin interrupciones, enfrenta su peor momento luego de la renuncia a la presidencia de Kuczynski. La herencia nadinista ha sido letal para la República. No solo unas elecciones cuestionadas por un sector político, sino también un sistema de subsidio estatal a medios que tiene mucho que ver con la actual coyuntura de envilecimiento del espacio público. Y, lo peor de todo, con actores e instituciones sin ninguna respuesta.

Quizá la única manera de detener esta especie de suicidio colectivo sea que las mayorías silenciosas, que permanecen al margen de este desmadre político e institucional, hagan por fin escuchar su voz.