La propuesta de un zar contra la ola criminal

El general PNP (r) José Baella, en entrevista con este portal, ha propuesto la creación de una figura especial: un "zar" encargado de desarrollar políticas, acciones e iniciativas para enfrentar el alarmante desborde de la criminalidad en el país. Esta figura tendría funciones coordinadoras sobre distintos sectores del Estado, incluyendo el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, el Poder Judicial, los gobiernos regionales y los municipios. Para que esta medida tenga éxito, el "zar" debería ser una personalidad aceptada por la mayoría de los sectores políticos, lo que le permitiría sortear la polarización que enfrenta al Ejecutivo con diversos sectores del país. 

Si bien la presidenta Dina Boluarte acaba de convocar a elecciones generales dejando sin juego a los radicalismos progresistas, es evidente el desgaste del Ejecutivo. Actualmente, no existe ninguna posibilidad de relanzamiento del sector Interior ni de la propia Policía Nacional del Perú (PNP). Este desgaste gubernamental y el consecuente vacío de poder dificultan enormemente el desarrollo de políticas públicas que integren de manera efectiva el accionar del Congreso, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la PNP. En este contexto, la propuesta de un zar del crimen se torna aún más pertinente, pues podría funcionar como un articulador independiente de la lucha contra la criminalidad, por encima de disputas políticas.

Las cifras sobre la criminalidad varían, pero algunas proyecciones indican que el 80% de los delincuentes detenidos por la Policía Nacional son liberados por el Ministerio Público. Con esa realidad, ¿cómo se puede combatir la criminalidad de manera efectiva? La falta de coordinación entre los operadores del sistema de justicia y la policía genera un círculo vicioso en el que los delincuentes entran y salen del sistema con total impunidad.

A esto se suman las campañas promovidas por algunas oenegés de derechos humanos, que en muchos casos han debilitado el principio de autoridad del Estado de derecho. Estas organizaciones han convertido a los efectivos policiales y militares en objetivos de judicializaciones ideológicas. Un caso paradigmático es el de los efectivos que, tras el golpe fallido de Pedro Castillo, detuvieron a grupos radicales que intentaban incendiar aeropuertos, bloquear carreteras y generar el caos económico. Gracias a la intervención de esos efectivos policiales y militares, se evitó la caída del Estado de derecho y la imposición de una asamblea constituyente. Sin embargo, hoy más de 350 de ellos enfrentan procesos judiciales, algunos incluso con prisión preventiva. ¿Cómo se puede pedir a la policía que actúe contra el crimen cuando su accionar es constantemente obstaculizado por decisiones judiciales influenciadas por discursos ideológicos?

Otro obstáculo fundamental en la lucha contra el crimen organizado es la precariedad de la infraestructura policial. En el Perú existen más de 1,400 comisarías, muchas de ellas en condiciones deplorables: sin servicios básicos y sin conexión a un sistema unificado de información. Además, más de un tercio de los patrulleros no funcionan por falta de mantenimiento. Esta realidad contrasta con el enorme poder de fuego de las bandas criminales, que cuentan con armas, financiamiento y organización superiores a las de las fuerzas del orden. ¿Cómo, en estas condiciones, se puede esperar que la policía enfrente con éxito el crimen organizado?

Desde el Gobierno de Pedro Castillo se han sucedido 14 ministros del Interior, una clara demostración de la inestabilidad y la ausencia de políticas sólidas en el sector. La falta de continuidad en el liderazgo del sector Interior solo ha contribuido a la desarticulación de las fuerzas del orden y la pérdida de confianza de la ciudadanía en la seguridad pública. Y considerando el descrédito del actual Gobierno, parece complicado establecer una estrategia que detenga el desborde de la criminalidad.

Por todas estas razones, la idea de un zar contra el crimen organizado merece ser considerada con seriedad y puede terminar beneficiando a toda la sociedad, a los sectores de la oposición y al propio Gobierno.