¡La minería y la agroexportación en peligro!

La presidente del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, tiene una trayectoria asociada a las posiciones antimineras que bloquearon, sin presentar argumentos razonables, proyectos como Conga en Cajamarca y Tía María en Arequipa. Esos proyectos fueron paralizados sobre la base de mitos ambientales que no resisten el menor análisis. 

Igualmente, el Ejecutivo ha anunciado que Tía María no va porque carece de “licencia social”. Es decir, se han vuelto a repetir los argumentos planteados por los sectores antimineros para oponerse al proyecto, no obstante la opinión a favor de la mayoría de arequipeños, los pobladores del valle de Tambo (área del proyecto) y Edgar Rivera, alcalde de Islay. 

De otro lado, el Ejecutivo ha renunciado a ejercer la autoridad en el llamado Corredor Minero del Sur, en donde se emplazan minas y proyectos como Constancia, Las Bambas, Antapaccay, Tintaya, Cerro Verde, entre otras. Algunas de estas minas están entre las más grandes del mundo y producen cerca del 50% del cobre nacional.

Al margen de las posiciones o abstenciones del Ejecutivo, es absolutamente legítimo preguntarse si la minería hoy está bajo ataque de parte de las corrientes comunistas y colectivistas, que pretenden destruir la economía de mercado, la inversión privada y el proceso de reducción de pobreza, como estrategia para justificar el modelo estatista y la convocatoria de una constituyente.

Creemos que el sector minero está en extremo peligro. ¿Cómo es posible que un sector que representa el 10% del PBI, el 60% de las exportaciones y el 16% de la inversión privada se encuentre en esta situación?

Asimismo, otro sector clave en el crecimiento, la diversificación de la economía y la reducción de pobreza en el área rural está en extremo peligro. Nos referimos a las agroexportaciones que, en apenas dos décadas, incrementaron sus ventas al exterior de US$ 850 millones a más de US$ 7,500 millones, convocaron inversiones de más de US$ 20,000 millones y generaron más de un millón de empleos formales. En zonas agroexportadoras como Ica se llegó al pleno empleo y se redujo la pobreza por debajo del 10%.

El ataque contra el sector agroexportador empezó con la absurda derogatoria de la Ley de Promoción Agraria –que establecía regímenes tributarios y laborales especiales–por el Congreso anterior, bajo presidencia de la actual PCM, y por la administración Sagasti. El milagro exportador peruano no se explicaría sin esa ley, una de las mejores de las últimas dos décadas.

La administración Castillo comienza a profundizar la ofensiva contra el sector agroexportador. Se acaba de lanzar una propuesta de segunda reforma agraria excluyendo al sector agroexportador. Es decir, se pretende enfrentar a los 2.2 millones de minifundistas –herederos de la primera reforma agraria– que controlan el 95% de las tierras con el sector agroexportador que solo conduce el 5% de las tierras. Se quiere señalar implícitamente que la pobreza de los minifundistas es culpa del sector agroexportador. Locura total.

En vez de extender los beneficios de los 22 tratados de libre comercio que beneficia a la agroexportación, en vez de crear un sistema de derechos de propiedad y contratos para promover la asociatividad y la inversión privada, en vez de resolver los problemas de infraestructura del agro (agua y carreteras), el Ejecutivo parece interesado en ir por el camino contrario: la colectivización del campo. ¿No se debería replicar la experiencia de la agroexportación en todo el agro para combatir la pobreza?

La minería y la agroexportación representan más del 70% de nuestras exportaciones y hoy están bajo ataque. ¿Cómo es posible? El Congreso está llamado entonces a defender el equilibrio de poderes, pero también el crecimiento y la inversión privada. Es decir, a defender también a la minería y la agroexportación.