La disyuntiva constituyente versus vacancia

Desde que el presidente Pedro Castillo anunciara que el Ejecutivo promoverá la convocatoria de una asamblea constituyente, todos los problemas institucionales, políticos y económicos se agravaron en extremo. Luego de esa proclama anticonstitucional, la polarización, el enfrentamiento y la exclusión se convirtieron en las formas de hacer política, en las formas de relacionarse en el espacio público.

Es evidente que durante el Gobierno de Castillo todo ha comenzado a implosionar. En cualquier aspecto, el Estado comienza a ser la fuente de todos los fracasos: desde la incapacidad de restaurar el orden público en el corredor minero del sur –que paraliza la producción de Las Bambas– hasta el bloqueo de Majes Siguas II, un proyecto que podría extender el milagro agroexportador en la costa sur y crear más de 100,000 empleos. Ni qué decir del aterrador desborde de la criminalidad en Lima.

En este contexto, la crisis institucional, política y económica ha terminado desplomando las posibilidades de crecimiento de la inversión privada y el proceso de reducción de pobreza en el 2022. Este año habrá menos empleo y la pobreza no se reducirá.

Lo más paradójico de todo es que el más afectado con el anuncio de la constituyente y las nacionalizaciones de los recursos naturales ha sido el propio Pedro Castillo. En realidad, la actual administración es una de las más débiles de la reciente historia, tal como lo registran todas las encuestas.

La respuesta a la propuesta de la asamblea constituyente de parte del Ejecutivo ha sido la iniciativa de la vacancia presidencial que, no obstante haber fracasado en un primer intento, de alguna manera ha sido un planteamiento que ha acompañado a toda la gestión de Castillo. Es usual escuchar el estribillo acerca de que la actual administración no culminará su periodo político por la permanente crisis política.

Ante semejante estado de cosas, el jefe de Estado debería ser el más interesado en superar esta disyuntiva que destruye las posibilidades del Perú, una destrucción que puede tener consecuencias por varios lustros. Es hora de que el presidente de la República se aleje de esa evaluación apocalíptica que señala que la destrucción de la economía de mercado, que la lentificación del crecimiento y el debilitamiento de las clases medias crearán las condiciones favorables para legitimar la propuesta de la constituyente.

Un escenario en que se destruye el crecimiento y la oferta de empleo solo se fagocitará al Gobierno de Pedro Castillo y planteará una situación de salidas excepcionales. Es imposible que la mayoría ciudadana acepte el relato acerca de que tres décadas de crecimiento y de proceso de reducción de pobreza se detienen –en pocos meses– por culpa del modelo y del régimen económico consagrado en la Constitución. Peor aún, cuando los precios de los minerales se incrementan como parte de un nuevo superciclo mundial.

Si el presidente Castillo busca la estabilidad, la continuidad y la afirmación de su Gobierno, es hora de archivar el proyecto de la constituyente, las nacionalizaciones y la idea de gobernar en contra del régimen económico de la Carta Política. No es posible. 

Con la insistencia del Congreso de la ley que prohíbe convocar a un referendo para instalar una constituyente al margen de una decisión previa del Congreso, el jefe de Estado tiene una inmejorable oportunidad para archivar definitivamente la propuesta de la constituyente.

Sin embargo, una decisión de ese tipo debería tener consecuencias políticas en la gestión. Si se archiva la iniciativa de la constituyente se impone la necesidad de convocar a un nuevo Gabinete con una base política más amplia y que supere la mediocridad y la ineficiencia de los dos gabinetes del actual Gobierno, controlados por las corrientes comunistas, colectivistas y progresistas.