¡La democracia prueba!

Las ondas sísmicas del caso Lava Jato y la clase política

La noticia de que la empresa Odebrecht habría entregado US$ 29 millones de dólares por coimas a funcionarios peruanos y las investigaciones sobre posibles casos de corrupción de otras empresas brasileñas en el país pueden representar un caso de megacorrupción que, de una u otra manera, remecerá a toda la llamada clase política del país y pondrá a prueba la fortaleza de nuestra democracia.

Como se sabe las denuncias afectan a los funcionarios y políticos de las administraciones de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala; es decir, a gran parte del elenco político que denunció la megacorrupción que se desató durante el fujimorato de los años noventa. En otras palabras, los acusadores de ayer podrían convertirse en los acusados de hoy. La sensación es terrible para el futuro de la libertad: la idea de que todo lo político o lo relacionado al espacio público aparece vinculado a la corrupción se reforzará.

En este contexto solo resta señalar que se debe investigar y procesar, caiga quien caiga y sin ningún miramiento. Sin embargo, para que la imprescindible profilaxis de la democracia funcione, como suele suceder en las sociedades abiertas, el sistema político debe abandonar una conocida práctica de la izquierda: la denuncia de la corrupción con el objeto de eliminar al adversario político. Durante el quinquenio nacionalista, el espacio público se asemejó a un gran tribunal en el que se intentaba judicializar al rival en vez de debatir con él. Evitar esas prácticas es de vida o muerte para que la democracia supere esta prueba.

Es evidente que el Congreso no puede renunciar a su función fiscalizadora. De allí que nadie puede oponerse a que se instale la Comisión Lava Jato. Sin embargo, es necesario invocar que nunca más se vuelva a repetir la experiencia de la denominada Megacomisión, durante el nacionalismo, que extendió sus indagaciones hasta las calendas griegas y se gastó millones de soles con el único objeto de desprestigiar a los adversarios.

Todas las instituciones de la democracia serán puestas a prueba con este nuevo escándalo de megacorrupción, en otras palabras, la propia democracia rendirá uno de sus exámenes más difíciles. Siempre vale recordar que, generalmente, los casos de megacorrupción suelen derribar a los regímenes autoritarios, tal como sucedió en el fujimorato de los noventa. En la medida que las instituciones eran manipuladas por el poder, descubrir que un sector de la cúpula de ese poder estaba vinculada a la corrupción, terminó derribando al gobierno autoritario.

En democracia suele suceder todo lo contrario, porque el sistema democrático es el único modelo institucional con la capacidad de absorber el fracaso en el espacio público. Ante cada fracaso, en las sociedades abiertas se suelen iniciar reformas que terminan consolidando la libertad. La única explicación de la resiliencia democrática reside en la limitación del poder, el contrapeso de poderes y la autonomía de la judicatura y de los funcionarios encargados de perseguir el delito. En la democracia, la supremacía de las instituciones permite, pues, que el fracaso de los hombres no devore a la libertad.

En este horizonte vale señalar que el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Congreso tienen responsabilidades en la investigación sobre este caso de megacorrupción; pero igualmente tienen la imprescindible obligación de investigar y procesar, rechazando la conocida estrategia de la izquierda que busca demonizar al adversario político calificándolo de corrupto.

En la medida que la mayoría de implicados en el caso Lava Jato provienen de la izquierda latinoamericana y nacional, se abre un enorme espacio para que la imprescindible profilaxis de la democracia cumpla el papel de regenerar el sistema político y fortalecer las instituciones de nuestra democracia, que avanza hacia su quinta elección nacional sin interrupciones.