La defensa del Estado de derecho y los Derechos Humanos

El congresista Fernando Rospigliosi acaba de denunciar que alrededor de 154 miembros de la Policía Nacional del Perú y del Ejército del Perú acaban de ser judicializados por “graves violaciones de Derechos Humanos” en contra de quienes desataron la violencia luego del golpe de Pedro Castillo. Entre los imputados están varios oficiales generales que estuvieron encargados de contener la insurrección que lanzó el eje bolivariano en el Perú.

Tres décadas atrás, luego de la victoria militar sobre el terrorismo de Sendero Luminoso, decenas de oficiales, generales y soldados de las fuerzas armadas y la PNP fueron judicializados durante décadas, y algunos incluso hasta la muerte, tal como sucedió con el vicealmirante Luis Giampetri, un héroe nacional en la lucha contra el terror. Bajo una aplicación retroactiva e ilegal se judicializó a nuestros soldados por los delitos de lesa humanidad. Una arbitrariedad que, felizmente, ha sido corregida por el Congreso, que ha establecido que el tipo de lesa humanidad solo existe desde la firma del Tratado de Roma a inicios del nuevo milenio.

¿Por qué recordamos estos hechos? Porque es evidente que las corrientes neocomunistas y progresistas, a través de las oenegés de Derechos Humanos, están iniciando un nuevo ciclo de judicializaciones de las fuerzas armadas y la PNP con el claro objetivo de neutralizar la acción de las fuerzas de seguridad en contra de las estrategias violentistas.

Para comprender la magnitud del problema, en este portal siempre solemos plantear una tesis central: el único sistema que, durante toda la época moderna ha defendido los Derechos Humanos es el Estado de derecho. Es decir, el sistema de gobierno basado en el equilibrio de poderes, el gobierno de las instituciones y el control del poder. Por otro lado, todos los totalitarismos, ya sean los de origen bolchevique o fascista-nazi, siempre han aplastado los Derechos Humanos.

¿Cómo entonces un soldado que defiende el Estado de derecho de una ofensiva del terror comunista puede ser automáticamente catalogado como violador de Derechos Humanos? Algo está mal, algo está de cabeza, a menos que alguien busque favorecer a la próxima insurrección bolchevique. No negamos que existen excesos que deben investigarse y sancionarse, pero la mayoría de los 154 policías y soldados que defendieron la legalidad luego del golpe fracasado de Castillo son patriotas que defendieron el Estado de derecho y evitaron que en el Perú se instalara una asamblea constituyente.

Vale recordar que luego del golpe de Castillo decenas de milicias atacaron los aeropuertos de Puno, Arequipa, Ayacucho, Cusco e incluso el de Lima. Igualmente bloquearon todas las carreteras nacionales con el objeto de ahogar la producción nacional y desabastecer a las ciudades, sobre todo a Lima. ¿Qué sucedía si las fuerzas de seguridad permitían que se queme el aeropuerto de Puno? Era evidente que el siguiente aeropuerto vandalizado iba a ser el de Arequipa o el de Ayacucho y así sucesivamente, hasta que el país se rindiera y aceptara la convocatoria de una asamblea constituyente. Eso no sucedió por la decisión y valentía de las fuerzas de seguridad que aplicaron el uso constitucional y legítimo de la fuerza pública del Estado.

Todos lamentamos las muertes de 60 peruanos, pero los únicos responsables de esta tragedia son quienes impulsaron una insurrección para quebrar el Estado de derecho. ¿Cuál es el objetivo de iniciar un nuevo ciclo de judicializaciones contra las fuerzas de seguridad? Es evidente que se busca neutralizar el uso constitucional y legítimo de la fuerza pública para que la próxima ola de violencia avance sin mayores problemas y logre quebrar el Estado de derecho.

Las cosas están demasiado claras.