La censura de Santivañez y las tareas pendientes contra la ola criminal

La censura de José Santivañez, ex ministro del Interior, nos revela una cifra escalofriante: Desde que Pedro Castillo llegara al poder se suman 14 ministros de este despacho. Siete durante la gestión de Castillo y con el nombramiento del nuevo titular –durante la administración de Dina Boluarte–, igualmente, se contabilizarán otros siete ministros del sector. En cualquier caso, las cifras revelan con elocuencia la crisis permanente que se vive en el sector Interior en medio de una ola criminal sin precedentes en el país. Todos los delincuentes, sin importar su experiencia y su trayectoria, parecen empeñados en organizar bandas criminales para controlar un territorio sobre el cual se cobren cupos y se generalicen las extorsiones a empresas y ciudadanos.

El principal factor que explica la oleada criminal es la sensación de impunidad que se extiende en la sociedad y que lleva a los criminales a aplicar una sentencia de muerte a quienes se resisten a pagar los cupos. Sin embargo, vale preguntarse, ¿cómo así se ha generalizado esta sensación de impunidad? Una primera respuesta tiene que ver con la falta de una política de Estado para movilizar a todas las instituciones del Estado de derecho y relanzar la policía nacional del Perú (PNP) de parte del Ejecutivo. Allí existe una parte de la verdad.

No obstante, ¿qué sucede si el Ministerio Público y los operadores de justicia no cumplen con procesar y sentenciar a los avezados delincuentes que captura la PNP? En la polarización y el debate de esta semana previa a la censura de Santivañez y en el propio recinto Legislativo, al margen de números más o menos, se habló acerca de que el 80% de los capturados son liberados por el sistema de justicia. Allí también está una gigantesca parte de la verdad que explica la oleada criminal. Asimismo, ¿qué sucede si el Estado no ha construido suficientes cárceles para albergar, sobre todo, a los cabecillas criminales de estas organizaciones? Es incuestionable que los centros de reclusión se convertirán en lugares de planificación del siguiente golpe criminal.

Por otro lado, ¿qué papel cumplen las oenegés de izquierda en el desborde de la ola criminal, con una mirada ideologizada de los DD.HH. que, en vez de proteger derechos, apunta a erosionar el principio de autoridad del Estado de derecho? Antes de la norma que protege a los policías que utilizan sus armas de reglamento en la persecución de los delincuentes –evitando que se dicten prisiones preventivas– los efectivos eran judicializados, detenidos y enfrentaban un vía crucis interminable por pretender defender a la sociedad.

Asimismo, luego del golpe fallido de Castillo, las fuerzas armadas y la PNP defendieron el Estado de derecho frente a las minorías que pretendían bloquear carreteras e incendiar los aeropuertos. Sin embargo, más de 300 efectivos han sido judicializados y algunos de ellos, incluso, padecen prisiones preventivas. Es evidente entonces que un sector de la administración de justicia está influenciado por los criterios de las oenegés de izquierda que, en toda América Latina, han promovido el debilitamiento del principio de autoridad del Estado de derecho.

Si a estos hechos le sumamos la destrucción institucional que desarrolló el progresismo en contra de la PNP, descabezando a más de 50 oficiales generales en la última década –es decir, borrando por decreto la experiencia y el aprendizaje obtenido por varias promociones de la policía–, entonces tenemos el cóctel perfecto para explicar el desborde de la criminalidad que enfrenta el país. Al respecto vale recordar que, durante el golpe fallido de Castillo nuestra heroica PNP ni siquiera contaba con suficientes bombas lacrimógenas para recuperar el orden público y, en la actualidad, por todos es sabido que las organizaciones criminales tienen mucho más poder de fuego que los policías de nuestras comisarías.

Planteadas las cosas así la censura de Santivañez no representa un triunfo de nadie, más allá de ser un factor de descompresión política, una válvula de escape frente a la legítima irritación de la sociedad. En ese sentido, más allá de lo declarativo, la única manera de enfrentar la ola criminal que afecta al Perú pasa por la capacidad del Ejecutivo y las instituciones del Estado de derecho para desarrollar una convergencia institucional: necesitamos que la PNP trabaje con los fiscales en la captura de los delincuentes, necesitamos que las regiones, los municipios, la sociedad civil y el sector privado se conviertan en un solo puño que golpee a la ola criminal.

Todo lo demás no tiene valor en la lucha contra la criminalidad.