La autoridad policial en la encrucijada

Sobre el decreto legislativo que regula el uso de las armas de la policía

En uso de las facultades que le delegó el Congreso para legislar en materia de seguridad ciudadana, el Ejecutivo acaba de publicar un decreto que regula el uso de las armas de fuego de la policía, el cual ha recibido un amplio respaldo porque llena un tremendo vacío legal que durante los últimos 14 años le ha costado al país decenas de policías asesinados y heridos, la parálisis de importantes proyectos de inversión y, principalmente, el quebrantamiento constante de las leyes y de la propia Constitución, es decir del contrato social.

La ley es importante porque acaba con la desprotección casi absoluta en que se encontraban los policías, al extremo de no poder usar sus armas reglamentarias cuando sus vidas estaban en peligro por temor a ser cesados, denunciados y encarcelados. Con una policía “desarmada e inerme” los ciudadanos también están desprotegidos y, en tales condiciones, es imposible construir la autoridad que demanda una sociedad democrática. Por eso esta norma era necesaria y urgente.

El decreto legislativo establece tres principios que  garantizan el uso adecuado de la fuerza: legalidad, necesidad y proporcionalidad. El primero exige que las armas se usen estrictamente en cumplimiento de la ley, el segundo que se usen solamente cuando otros medios son ineficaces para hacer cumplir la ley, y el tercero que se use solo en casos de resistencia excesiva o de peligro presente. Por cierto, estos tres principios son estándares a nivel internacional en materia de derechos humanos.

Pero, ¿cómo llegó nuestra policía a esos extremos de indefensión? Lamentablemente, la democracia post-fujimori cometió el grave error de ceder a las presiones de ciertas ONG de izquierda que, en función de sus propios objetivos políticos, lograron que el propio estado prohibiera de hecho que los policías usen sus armas. Si a esto le sumamos que, en el caso de los los conflictos sociales, la misma campaña que inhibió al policía de actuar también inhibe a fiscales y jueces, tenemos el cuadro completo que explica en gran parte la crisis de autoridad de la democracia peruana.

En este contexto se multiplicaron los asesinatos, linchamientos y masacres de policías en protestas, desalojos o episodios de otra índole. Los resultados saltan hoy a la vista: la autoridad policial menoscabada, ultrajada a diario en las calles, crecimiento exponencial de la delincuencia y parálisis de las inversiones privadas.

El episodio más ilustrativo es sin duda la matanza de Bagua, donde fueron asesinados 23 policías, 12 de ellos degollados cuando estaban rendidos y desarmados, y uno desaparecido -el mayor Felipe Bazán- después de ser secuestrado. Es ilustrativo porque la mayoría de los policías no usaron sus armas por temor a ser denunciados por hacerlo. Los 12 degollados habían entregaron su armamento a los asesinos.

¿Cómo explicar la oposición de las ONG de izquierda a la nueva ley? La explicación está al parecer en su interés en que los grupos radicales sigan frenando mediante la violencia pre-insurreccional las inversiones en recursos naturales, en la perspectiva de desestabilizar el modelo económico que ha reducido la pobreza y la desigualdad como nunca antes, y de restaurar el estatismo que empobreció al 60% de los peruanos.

El gobierno nacionalista, en lo que probablemente es la decisión política más importante que ha tomado hasta ahora, ha restablecido el imperio de la Constitución en materia de seguridad ciudadana al restaurar el derecho legítimo que tiene toda sociedad democrática a defenderse de la delincuencia y de la violencia recurriendo a la autoridad encargada de esa tarea, la policía y las armas que el estado le entrega con ese fin.

En este portal creemos que el gobierno no tiene una estrategia integral contra la delincuencia que incorpore a todo el estado en la lucha, sobre todo, a las instituciones del sistema de justicia, pero sin duda el decreto que regula el uso de las armas de la policía es un paso positivo muy importante.