¡Iniciar la transición política ya! ¡El Perú no puede esperar!

La sensación de que el país no puede seguir con el proceso de destrucción que desata el Gobierno de Pedro Castillo y de Perú Libre se acrecienta cada día. La impotencia de saber que el oficialismo destruye todos los logros institucionales y económicos construidos por los peruanos a lo largo de tres décadas aumenta con cada acto del Gobierno y de los militantes de Perú Libre. 

Si a esta sensación le agregamos los impresionantes diálogos entre Zamir Villaverde y Bruno Pacheco, ex secretario general de la Presidencia de la República –que está propalando el programa Combutters de Willax Televisión–, en que el hombre de confianza de Pedro Castillo dialoga y planifica con su interlocutor posibles ubicaciones en el Estado, como si él fuese integrante de una organización que va asaltar las arcas del Estado, convierte a la situación en realmente intolerable.

El Perú está siendo destruido institucional, política y económicamente en menos de un año de gestión de Pedro Castillo. No solo el Estado ha sido colonizado por funcionarios que fueron nombrados con los criterios censurables que utilizaba Pacheco –de acuerdo a los diálogos mencionados–, sino que tres décadas de crecimiento y reducción de pobreza han sido frenados en seco. Demandará por lo menos un lustro recuperarse del desplome de la inversión privada, las pérdidas en nuestra calificación crediticia y la paralización y ataques a nuestra minería.

La idea de destruir el Estado desde adentro, a estas alturas, solo puede explicarse desde la opción ideológica de las corrientes adscritas al Foro de Sao Paulo. Las mentiras propaladas en contra de la minería por Dina Boluarte, Vicepresidente de la República, en el Foro Económico Mundial en Davos, solo pueden explicarse desde una estrategia que busca destruirlo todo para instaurar una asamblea constituyente. En este momento no es exagerado sostener que todo asemeja a la devastación que causa un ejército de invasión externa.

Por todas estas consideraciones, el Congreso de la República está en la obligación urgente de iniciar la transición política para salvar a la República de la devastación general. En ese sentido, la renovación de la mesa directiva del Congreso en julio próximo se convierte en momento único e impostergable. 

Luego de la actuación de la señora Boluarte en Davos, es indudable que se trata de relevar al Poder Ejecutivo como tal. No existe una línea de sucesión que garantice la continuidad de la Constitución y la salvación de la República. El país no puede darse el lujo de otro capítulo de desangramiento nacional.

En ese sentido, las bancadas parlamentarias deberían forjar una amplia convergencia nacional que, de una u otra manera, considere a las figuras que liderarán la transición en el Poder Ejecutivo y el propio Legislativo hasta que se convoquen a nuevas elecciones. Al lado de esta fórmula, las fuerzas políticas del Legislativo deberían organizar un gabinete de unidad nacional que se encargue de administrar la transición. Un acuerdo que incluya a todos quienes se propongan salvar al sistema republicano, sin excluir a nadie, más allá de las diferencias que seguirán existiendo y deben procesarse.

Finalmente, ese amplio acuerdo debería incluir la reforma del sistema institucional que posibilitó el encumbramiento del peor candidato de nuestra historia republicana, y que luego se habría de confirmar como el peor jefe de Estado de nuestro proceso político, con una capacidad de destrucción del país que evocaría los peores momentos de cualquier guerra convencional. Por lo menos el país necesita crear un Senado y permitir la reelección de los parlamentarios.

En cualquier caso, la política convierte lo imposible en posible, es el espacio en que los entrampamientos sin salida se convierten en rompecabezas para armar. Sin embargo, el sentido de la urgencia de la transición se comienza a convertir en el fondo y la forma de la salida.