Impiden remediar derrames de petróleo

Los dirigentes que controlan la federación ORPISEM —conformada por las comunidades nativas de Chapis, Nueva Alegría, Ajachun, Capernaúm y el Banco— no permiten que los técnicos de Petroperú ingresen a la zona del derrame de petróleo para instalar las grapas que impedirían las filtraciones de crudo. Exigen, además, un pago de S/ 10 millones como indemnización por los daños que el derrame ha causado a las comunidades y al medio ambiente. También piden la presencia inmediata de las autoridades de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para instalar una mesa de diálogo que resuelva la situación creada por el derrame ocurrido el pasado 7 de noviembre en el kilómetro 221.5 del ORN. Dicen que sin la presencia de las autoridades de alto nivel y sin un acta firmada por ellos —que acoja todas sus demandas y garantice el pago exigido— no se permitirá que los técnicos accedan a la zona para reparar los daños del siniestro. El presidente de Petroperú, Luis García Rosell, ha confirmado el pedido de los S/ 10 millones y lo ha calificado como un “chantaje” por parte de los dirigentes; y advirtió incluso que el derrame podría alcanzar el río Cangaza, afluente del Marañón. De ser así, estaríamos ante un desastre ecológico.

Como ya ha sucedido en anteriores oportunidades, luego de los derrames de petróleo, los dirigentes organizan asambleas en las que se acuerda impedir que los técnicos de Petroperú ingresen a la zona del siniestro si antes no se llega a un acuerdo con las autoridades. También se sabe que la mayoría de los daños sucedidos no son por desgaste o falla de la tubería, sino por sabotaje. De acuerdo a diversos informes periciales, los actos de sabotaje han sucedido en otras ocasiones. Se ha demostrado, por el tipo de daño en las tuberías afectadas, actos deliberados realizados con arco de sierra (herramienta de corte manual) que cualquier persona podría utilizar. ¿Por qué las comunidades nativas hacen demorar la remediación del daño? ¿No deberían estar interesadas en la solución del problema? ¿Qué es lo que estaría sucediendo? Veamos.

No es la primera vez que ocurre una situación de petróleo derramado. De fuentes muy confiables, se sabe que algunos de los denominados dirigentes de las comunidades —que incluso no son nativos ni viven en la zona— controlan a los pobladores. Son esos dirigentes los que retrasan las reparaciones para que la magnitud de la contaminación sea mayor y, por consiguiente, los reclamos por indemnizaciones también sean mayores. Es más, las mismas fuentes aseguran que los comuneros no permiten que técnicos especializados de Petroperú realicen los trabajos de remediación, sino solo las “empresas” comunales que se han organizado para dar trabajo a los pobladores de la zona. Es decir, que la rentabilidad de tales “empresas” está en función directa a la magnitud de los daños. Más daño, más ganancias para ellos.

El asunto no termina ahí. Los ambientalistas ideológicos solo abonan en favor de la terrible situación. Para Daniel Rincón, presidente de la Cámara Regional de Turismo, las ONG “en lugar de ayudar, han creado el sustento de estos conflictos”. Un informe, llamado “Estado tóxico” —de Amnistía Internacional (AI)—, sirve para internacionalizar una supuesta desidia del Estado frente a una supuesta contaminación de las aguas por las actividades mineras. Así también, un escandaloso derrame de petróleo que alcance los ríos de la selva amazónica afectaría la imagen del país y de sus actividades extractivas.