¿Humala nos deja sin Estado?

Las consecuencias políticas e institucionales de los sucesos de Pichanaki. Las imágenes de Pichinaki, Junín, con muerto y heridos, donde una masa enardecida obliga a las autoridades del estado a sostener cosas absolutamente en contra de la Constitución, la ley y los tratados internacionales como, por ejemplo, (aunque se trate de un mentira blanca para la población) “que Pluspetrol se va en tres días”, nos recuerda una tendencia que parece irreversible en la democracia post fujimorista: la constante abdicación de la soberanía del Estado. Otros dirían la acelerada disolución de la autoridad. Si a estos hechos les sumamos todos los antecedentes que vienen desde Conga, pasando por las decenas de proyectos mineros y petroleros e, inclusive, otros casos como la reciente disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia, es justo preguntarse, ¿Humala nos dejará sin Estado el 2016? Si bien la pregunta es pertinente sería arbitrario cargarle todas las tintas al gobierno nacionalista. ¿Cuándo empezó la actual crisis del Estado? En los noventa, el fujimorato demolió el estado populista a combazos, desarrollando audaces reformas en base a una alianza entre pobres, estado y ricos. El estado desrreguló la economía permitiendo que los ricos hagan negocios, les cobró impuestos, y con ese dinero se construyeron carreteras, puentes y postas en las punas más alejadas. Derrotado el terrorismo sobrevino la paz social y las inversiones prosperaron. El antifujimorismo borró de un plumazo estas experiencias. Toledo, García y Humala no continuaron con lo mejor de estas relaciones entre estado y sociedad, la agonía de los partidos agravó la crisis de representación pública y hoy nos encontramos otra vez con Pichinaki, una cuenta más de un largo rosario que seguramente falta hacia el 2016. En Pichinaki como en Conga y otros áreas donde los privados invierten en recursos naturales, los gobiernos locales, regionales y la administración central, abandonaron sus responsabilidades, pero las islas de bonanza que crean las inversiones en minería, petróleo y gas, posibilitan que el discurso del ecologismo radical identifique la exclusión y el abandono como responsabilidad de la empresa privada. A las compañías que operan en estas zonas no les podemos pedir sapiencia política porque para eso están las autoridades y los políticos, pero si algo de eso tuvieran apuntarían a cerrar cualquier brecha de conflicto con la población para que no fermente el discurso radical. Imaginar a una empresa privada apoyando la protesta local contra el abandono del estado, que solo cobra impuestos sin hacer obra, no parece apropiado, pero es una imagen tentadora que dejaría sin argumentos al radicalismo. Todas estas noticias no solo significan terribles señales para los grandes proyectos de inversión en recursos naturales en momentos en que las compañías lo piensan varias veces por el desplome de los precios de los commodities, sino que nos indican que la fractura, fragmentación o quizá también disolución del Estado, empieza a agravarse. La cosa venía desde atrás, pero durante la administración nacionalista todo ha adquirido ribetes de tragedia. El nacionalismo no solo dejará una economía desacelerada, un país con más debilidades institucionales, sino que el estado, definitivamente, se habrá replegado de importantes áreas de la sociedad que comienzan a ser controladas por las economías extralegales y en las que, generalmente, los extremismos radicales logran que sus discursos prendan transitoriamente en la población. 16 - Feb - 2015