¡Estado retrocede ante antimineros!

Tal como advertimos en este portal los sectores antimineros han logrado su cometido: que el Estado renuncie a hacer cumplir la Constitución y la ley, decline de sus responsabilidades, y les conceda derechos a quienes pretenden paralizar la minería. ¿A qué nos referimos?

Días atrás informamos que el ministro de Salud, Víctor Zamora, se había reunido con integrantes de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos y de la Mesa de Salud Ambiental y Humana, dos organizaciones que están alentando la liquidación de las inversiones mineras, desarrollando leyendas y mentiras –sobre todo en el llamado Corredor Vial del Sur– acerca de una supuesta contaminación, con metales tóxicos, del agua de los ríos y quebradas. La responsable de esta supuesta contaminación: la minería moderna, no obstante que el fenómeno lahar de los Andes contamina de manera natural el agua de los ríos del sur.

Igualmente, también informamos que se realizaría otra reunión entre estas organizaciones antimineras y el titular de Salud para “incidir” y “atender las demandas centrales” de estos colectivos. Pues bien, resulta que estos grupos anti inversión han logrado su cometido y el Ejecutivo, avalado por el ministro Víctor Zamora, ha creado una Comisión en la que incluye a la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos como uno de los actores claves. ¿Pero qué dice la resolución?

A través de la Resolución Suprema N° 034-2020-PCM se crea una Comisión Multisectorial Temporal para el Abordaje Integral e Integrado a favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros. El objetivo principal de esta nueva comisión será la elaboración de un informe técnico que contenga la propuesta del Plan Especial Multisectorial “para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados”. 

Según la propia resolución, la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos ¡contará con dos representantes en la mencionada comisión! Asimismo, dentro del Plan Especial Multisectorial se incluirán “estrategias de prevención, remediación, mitigación y control de la exposición a metales pesados; así como monitorear, supervisar y evaluar la implementación”. Todo el financiamiento de este plan será pagado con el impuesto de todos los peruanos.

El Gobierno entonces ha creado el espacio ideal para que los sectores antimineros amplifiquen sus estrategias en contra de la inversión minera en el sur del país, que concentra alrededor del 50% de la producción de cobre nacional. ¡Una conducta inexplicable en momentos en que el Perú necesita multiplicar inversiones y producción para enfrentar la recesión y el aumento de pobreza! 

Para entender cómo avanzan los antimineros en el Estado basta mirar la exposición de motivos de la mencionada resolución: no se señala para nada que las aguas de los Andes, generalmente, tienen una contaminación natural (sobre todo por cadmio y mercurio) por el llamado fenómeno lahar. Es decir, zonas volcánicas que contaminan el flujo de las aguas luego de las lluvias. Es precisamente lo que sucede en Espinar, por ejemplo..

Esta nueva Comisión obedece, sin duda, al plan de los sectores que quieren liquidar la minería en el país para generar pobreza, y generar un caldo de cultivo para la instauración del populismo chavista. Vale señalar también que en dicha Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos y la Mesa de Salud Ambiental y Humana participan, entre otros organismos, la organización no gubernamental Derechos Humanos Sin Fronteras y otras oenegés que pretenden paralizar las inversiones mineras en el denominado Corredor Vial del Sur.