Estado abandona a comunidades nativas

Desde este portal hemos seguido con atención el avance de la pandemia Covid-19 en las comunidades nativas, y la manera cómo el Estado ha sido, hasta el momento, incapaz de actuar de manera eficiente para evitar más contagios y una posible catástrofe humana. En ese sentido, la noticia de que en la región Ucayali habría más de 1,000 pobladores de comunidades nativas contagiados de Covid-19 y que el Estado ha dejado la responsabilidad de las atenciones a los enfermos a las empresas privadas que operan en los diferentes lotes revela la magnitud de la crisis de salud que puede afectar a las comunidades nativas y a la población amazónica en general.

Como ya se sabe, el Ministerio de Salud (Minsa) propuso un plan de intervención en las comunidades indígenas amazónicas ante el riesgo de contagios por coronavirus. Dicho plan fue aprobado por Resolución Ministerial Nº 308-2020-MINSA y buscaba reforzar 121 establecimientos de salud de primer nivel de atención (tipos de establecimientos I-3 y I-4), en todas las regiones amazónicas. 

El mencionado plan tenía un presupuesto de alrededor de S/ 88 millones; de ese monto, más del 50% lo iba a ejecutar el Minsa de manera directa y el otro 50% las regiones. Fuentes en el Minsa indicaron que no había personal suficiente para la implementación de este plan así que se debió “tercerizar”. Pues bien, la implementación de este plan ha caído en manos de una organización no gubernamental en la que un ex titular del Minsa, y también participante del equipo de expertos de la Covid-19, tendría alguna participación. En todo caso, hasta ahora no se conoce el nivel de ejecución de los S/ 88 millones.

Es evidente pues que el Estado ya no puede controlar la pandemia en algunas zonas de la Amazonía. Por ejemplo, se conoce de una carta en la que funcionarios de PeruPetro han pedido a las empresas petroleras que actúan en varios lotes y yacimientos que se “encarguen” de la prevención y atención de las comunidades, ¡como si estas empresas fueran el Estado!

Tal es así que, por ejemplo, en el Lote 8, donde actúa Pluspetrol y donde existen 50 comunidades entre el río Tigre y Corriente, dicha empresa se está haciendo cargo de la entrega de equipos de protección especial y de medicinas; además de la movilización del personal sanitario que ellos mismos contratan. Algo similar sucede con la empresa Frontera Energy en el Lote 192 –ubicado también entre los ríos Tigre, Corrientes y Pastaza–, que está implementando una campaña para la atención de las más de 30 comunidades nativas que existen en la zona.

Asimismo, días atrás hubo un amago para el cierre de la Estación 5 del Oleoducto Nor Central de Loreto porque, supuestamente, el ministro de Salud, Víctor Zamora, se había comprometido a otorgar una ayuda en más de S/ 30 millones a las comunidades nativas de todo Loreto. En suma, lo que está sucediendo es que el Estado está abandonando a las comunidades nativas. Y en otros casos, está entregando a las empresas petroleras la enorme responsabilidad de la atención de la pandemia.

Una vez más la empresa privada debe suplir las deficiencias de un Estado que consumía alrededor de US$ 65,000 millones antes de la pandemia. Una vez más la empresa privada –que financia más del 80% de los ingresos del Estado– debe ocuparse de los peruanos más golpeados por el Covid-19, no obstante las campañas colectivistas que buscan demonizarla.