¡Es hora de aprobar la ley sobre oenegés!

El presidente Donald Trump acaba de señalar que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) estaba “dirigida por un puñado de lunáticos radicales”. Las calificaciones de Trump pueden sonar a sobrerreacciones injustificadas; sin embargo, ¿cómo se puede calificar las políticas de financiamiento de USAID –bajo la administración demócrata– que promovieron oenegés, supuestas defensoras de los Derechos Humanos, que se dedicaron a destruir a las fuerzas de seguridad en Perú, Chile, Colombia y otros países de la región?

¿Cómo así la mayor república mundial y el mayor imperio en la actualidad se dedicaba a promover a quienes buscaban el declive general de las sociedades occidentales? Si el connacional actúa de esa manera en contra de la propia sociedad lo de lunáticos radicales es una frase que se queda corta. En realidad, estamos ante una forma de traición a los valores occidentales que han permitido construir los mayores espacios de libertad en política y economía.

Aquí en el Perú nos acabamos de enterar que USAID ha financiado en las últimas décadas a las oenegés de izquierda que terminaron encumbrando en el poder a Pedro Castillo. ¿Una frase exagerada de un extremista derechista? De ninguna manera. Una de las razones por las cuales Castillo llegó al poder tiene que ver con la guerra política que se desató entre fujimoristas y antifujimoristas, una guerra promovida en base al informe de la Comisión de la Verdad. El Perú se dividió entre malos y buenos. Esa narrativa fue construida por diversas oenegés financiadas por USAID bajo control progresista. 

Asimismo, la feroz judicialización de la política –que liquidó a la clase política y limpió el camino para Castillo– también fue impulsada por oenegés financiadas por USAID bajo la administración demócrata.

Cualquiera sea el ángulo de análisis o el sector para evaluar, las oenegés tuvieron un enorme impacto en las políticas públicas e, incluso, en la construcción de redes mediáticas e informativas. Hubo oenegés para destruir el sistema de partidos, para levantar todo tipo de leyendas y mentiras en contra de la minería, las agroexportaciones, la industria pesquera y otros sectores. De alguna manera las oenegés vinculadas al progresismo tienen mucho que ver con el actual proceso de desinstitucionalización, la ola criminal y el bajo crecimiento. ¿Cómo se puede tener una política eficaz de seguridad ciudadana si nuestros policías y soldados son judicializados y perseguidos por hacer el uso legítimo de la fuerza en defensa del Estado de derecho? Imposible.

Por todas estas razones, las denuncias del presidente Trump en contra de las oenegés progresistas adquieren un enorme sentido en Hispanoamérica. Igualmente, las denuncias de Elon Musk acerca de que los beneficiarios solo reciben 12 centavos por cada dólar de la ayuda internacional de los Estados Unidos a través de USAID es una noticia que deja sobrecogido a cualquiera. En este contexto, ¿por qué el Congreso nacional no se decide a aprobar el proyecto de ley que incrementa las funciones de la Agencia de Cooperación Internacional (APCI) en el control de los recursos externos que reciben las oenegés? Nadie lo entiende.

Es evidente que una manera de afirmar el Estado de derecho en el Perú es controlar el poder desmedido que han tenido las oenegés financiadas con recursos externos en las políticas públicas del país. No se trata de recortar el derecho constitucional de la sociedad y de los ciudadanos a participar en la vida pública mediante diversas formas de organización. De ninguna manera. Se trata de que las fiscalizaciones y los controles del Estado de derecho se apliquen a todos en la sociedad. Nada más. 

Sin embargo, las denuncias que llegan del propio gobierno de la Unión del norte nos señalan que, mientras los partidos eran arrinconados y sobrerregulados –incluso en el pasado se les recortó el financiamiento privado– las oenegés ejercían un libre albedrío que ha contribuido decisivamente a la actual crisis nacional.

El Congreso, pues, no puede negarse a aprobar la ley que incrementa las prerrogativas de APCI en el control de los recursos externos de las oenegés. Negarse sería atentar contra la soberanía nacional.