Entre el aumento de la pobreza y la informalidad

El diario Gestión acaba de informar que, con respecto al año pasado, los trabajadores informales han aumentado en alrededor de un millón. Por otro lado, el propio ministro de Economía y Finanzas (MEF), Kurt Burneo, ha señalado que el país crecerá sobre el 2.5% y que para reducir la pobreza se necesita crecer encima del 5%. En otras palabras, para absorber la demanda de empleo de los 300,000 jóvenes que se incorporan anualmente a la economía se requiere que el PBI se expanda lo suficiente.

A la luz de estas informaciones entonces la economía y la sociedad que alguna vez fue considerada un verdadero milagro económico entre los países emergentes se debatirá entre el aumento de la informalidad y el incremento de la pobreza, no obstante que el semestre pasado los precios de los minerales alcanzaron récords históricos.

Para todos es sabido que los anuncios de la asamblea constituyente y de las nacionalizaciones, simplemente, han frenado en seco la velocidad crucero con que se expandía la inversión privada en el Perú (que representa el 80% del total de lo invertido). El crecimiento cero del emprendimiento privado para el 2022 y la evidente caída para el 2023 explican las predicciones de un crecimiento por debajo del 3%. Una verdadera tragedia para un país que podría crecer por encima del 6%.

Para reducir la pobreza el Perú necesita crecer sobre el 4%. Se calcula que cada punto del PBI genera 90,000 empleos. Por lo tanto, alrededor de 3 puntos de crecimiento deberían permitir absorber la demanda de empleo de los jóvenes que, cada año, se incorporan a la economía. Otro punto de crecimiento debería servir para avanzar en la reducción de la pobreza acumulada, que sobrepasa el 25% de la población. Como se aprecia, con los niveles de crecimiento proyectados no es posible reducir la pobreza. El país volverá a ser uno que aumenta este flagelo.

Por otro lado, el crecimiento de la informalidad pasará a ser otra característica del actual proceso económico y social. El Ejecutivo no solo ha destruido la confianza de los inversionistas en las políticas públicas, con sus irresponsables anuncios de la constituyente y las nacionalizaciones, sino que, a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), ha promulgado dos decretos supremos –sin consultar con el Consejo Nacional de Trabajo– que prohíben la tercerización laboral y promueven la sindicalización por fábrica, rama y conglomerados empresariales, y que flexibilizan en extremo el derecho de huelga.

Semejantes decretos, en el actual contexto, se convierten una estocada letal para cualquier posibilidad de crecimiento de la inversión privada. Es incuestionable que, ante esta situación, no solo se postergarán las nuevas inversiones, sino que también se desatará una ola de quiebras de empresas y gran parte del sector privado emigrará a niveles de informalidad. Más del 80% de los trabajadores hoy están en situación de informalidad por las leyes laborales en el Perú, que declaran derechos y obligaciones para las empresas como si la riqueza se pudiese crear a través de decretos supremos.

La sociedad peruana entonces avanza a mayores niveles de pobreza e informalidad debido al ataque letal que ha emprendido el Gobierno en contra del sector privado, que aporta el 80% de los ingresos fiscales y provee más del 80% de los puestos de trabajo. 

La desconfianza en el Gobierno nacional, la renuncia a ejercer la autoridad democrática en las regiones mineras y el desgobierno en general están frenando tres décadas de crecimiento y reducción de pobreza que han posibilitado organizar el mayor momento de inclusión económica y social de nuestra historia republicana.