En la guerra política no importa la economía

En medio de la feroz guerra política entre el Ejecutivo y el Legislativo, la terrible judicialización de la política que se devora el espacio público y las guerras desatadas por la izquierda para controlar instituciones, de una u otra manera, el Perú comienza a paralizarse, más allá de que este año el PBI logre expandirse por encima del 3.7%. Es como si de repente todos los actores de la política hubieran llegado a la conclusión de que la economía, el crecimiento y el proceso de reducción de pobreza no importan.

A los analistas internacionales les sorprende que la economía nacional siga expandiéndose y que se proyecte un crecimiento de la inversión privada de alrededor 5% para el 2018 y 7% para el 2019, en medio de semejante desmadre político. Es evidente que las fortalezas macroeconómicas organizadas con las reformas de los noventa siguen en pie, y de allí proviene el dinamismo económico. Sin embargo, no se repara en que, si bien nuestra tasa de crecimiento es una de las más altas de América Latina, resulta absolutamente insuficiente para seguir reduciendo pobreza y absorber la demanda de empleo de los más de 250,000 jóvenes que se incorporan anualmente a la economía. El Perú necesita garantizar una expansión económica por encima del 4% para no aumentar pobreza. ¿Cómo lo vamos a hacer en medio de esta cruenta polarización política?

En este contexto, de guerra política y judicialización, no solo se crea la incertidumbre en el proyecto país —que desalienta las megainversiones, que solo prosperan con estabilidad de largo plazo—, sino que también se comienza a desmontar las vigas maestras del modelo, en medio de un populismo generalizado. El anuncio en el Congreso de que se revisarán las concesiones de peaje parecen apuntar en ese sentido. ¿Cómo se pueden relanzar con urgencias las asociaciones público privadas y las obras por impuestos para desatar un shock de inversiones en infraestructuras si en el Legislativo se emprenden este tipo de medidas? El Perú es el país más atrasado de la Alianza del Pacífico en estándares de infraestructuras, con un déficit, según AFIN, que sobrepasa los US$ 169,000 millones.

Se paralizan las inversiones de mediano plazo y se golpean las vigas del modelo económico —que ha posibilitado reducir pobreza del 60% de la población a solo 20%—, pero también se postergan las reformas estructurales que el país necesita emprender para relanzar el crecimiento. Hoy ya no podemos seguir expandiendo el PBI a tasas altas solo con libre comercio, estabilidad macroeconómica y la desregulación de mercados y precios que consagraron las reformas económicas de los noventa. Necesitamos predictibilidad institucional, un nuevo sistema político, un nuevo sistema de justicia, acabar con las normas y leyes que fomentan la judicialización de la política, avanzar en las reformas de los sistemas educativo y de salud, y solucionar los problemas acumulados en infraestructuras.

Sin esas reformas se ralentizará el crecimiento, volveremos a aumentar pobreza y los millones de peruanos que, en las últimas dos décadas, abandonaron la miseria entrarán en desesperación y se volverán en contra del modelo económico que los favoreció. En otras palabras, sin nuevas reformas económicas y sociales el Perú se hundirá en la peligros trampa de ingresos medios; un fenómeno económico y social que caracteriza a determinadas sociedades que, luego de crecer a tasas altas y reducir pobreza considerablemente, de pronto se estancan por falta de una nueva generación de reformas. El gran problema es que cuando los países caen este tipo de trampa, generalmente las sociedades involucionan hacia recetas populistas y colectivistas. La Argentina de Kirchner y el Brasil del Partido de los Trabajadores son ejemplos paradigmáticos.