En cien días no se resuelve un desastre

Escasos resultados y lentitud gubernamental

En un acto inusual para nuestra experiencia democrática, la administración PPK decidió presentar un balance de los cien primeros días al frente de la gestión en el Ejecutivo. Desde el saque, como se dice, se debe felicitar al nuevo Gobierno por su voluntad de transparencia, por la voluntad de asumir los activos y los pasivos.

La lista de logros enumerados, desde el destrabe de 170 obras de agua y desagüe —pasando por el avance de la línea 2 del metro y la asignación de S/. 170 millones para reducir la anemia y la desnutrición— hasta el incremento del número de requisitoriados a 627 y la captura de 297 peligrosos delincuentes, revelan los esfuerzos del gobierno. Sin embargo, todo parece insuficiente, demasiado lento frente a las urgencias nacionales. ¿Por qué?

Una de las principales razones de por qué un balance de los cien primeros días de gestión puede aparecer deficiente es que una cosa es resolver un desastre nacional y otra bien diferente es dirigir un país encaminado. Y la herencia del gobierno nacionalista es, simplemente, la de un país deteriorado en términos políticos, institucionales, económicos y sociales. Cuando la administración PPK cometió el gravísimo error de evitar la denuncia de la devastación nacionalista, en realidad, se puso una soga al cuello; una soga que hoy le aprieta en el primer balance de los primeros cien días.

Los ejemplos saltan al primer golpe de vista. El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, acaba de confirmar que el hueco fiscal dejado por el nacionalismo es de 3.8% del PBI, una cifra que si sobrepasa el 4% pondría en alerta a las calificadoras de riesgo. Semejante situación obliga al titular de Economía, Alfredo Thorne, a implementar “una economía de guerra” para ajustar la economía y alcanzar los objetivos macroeconómicos del Plan Macroeconómico Multianual. En otras palabras, enfrentar el desastre nacionalista obliga a una economía de guerra.

La desinstitucionalización del Estado es tan grave a nivel de los ministerios y las diversas dependencias que cualquier esfuerzo siempre será insuficiente. Por ejemplo, ¿de qué le vale a PPK hablar de 297 peligrosos delincuentes capturados si las calles y plazas siguen tomadas por la delincuencia? Cifras que no se sienten en las avenidas mientras los sicarios siguen disparando, y dentro de la policía parece haberse desatado una virtual guerra interna que amenaza la cadena de mando.

Los casos de corrupción e irregularidades que empiezan a saltar en los sectores Salud y Agricultura, por ejemplo, no solo se explican por las imprevisiones y descuidos de la administración PPK, sino sobre todo porque que el Estado peruano se ha convertido en uno de los más sobrerregulados de la región, no obstante los innumerables TLC que ha firmado nuestro país.

Asumir una cruzada en contra de la sobrerregulación que convierte cada trámite que desarrolla un ciudadano ante el Estado en un verdadero vía crucis, y que incrementa considerablemente la discrecionalidad de la burocracia y las posibilidades de corrupción, entonces, es una tarea de primer orden. En un esfuerzo semejante reside la verdadera movilización contra la corrupción. Considerar, por el contrario, que la solución pasa por aumentar las penas a los corruptos es como creer que con el incremento de penas se resuelve el desborde de la criminalidad. Algo que ya se ha demostrado que es falso.

En resumidas cuentas es difícil enfrentar un desastre nacional en cien días. Lo que sí se puede hacer es comunicar que hay una voluntad de guerra para enfrentar los problemas; pero pasar ese mensaje solo es posible si el Gobierno denuncia las ruinas que ha dejado el nacionalismo. Negarse a poner los puntos sobre las íes es ponerse la soga al cuello.