Empresarios unidos contra colectivización de relaciones laborales

Más de 200 organizaciones empresariales –consorcios, asociaciones, gremios, etc.– han hecho público un comunicado en protesta por el Decreto Supremo 014-2022-TR que, según ese comunicado, “vulnera el equilibrio de las relaciones colectivas entre empleadores y trabajadores con graves consecuencias para las inversiones, que son las fuentes generadoras de empleo formal”. Entre las organizaciones firmantes figuran la Asociación Empresarial Gamarra Perú, la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (ASPAN), la Asociación PYME Perú, la Cámara de Comercio de Apurímac, la Asociación de Exportadores (ADEX), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), y la Confiep, entre otras.

El decreto del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) reforma totalmente el Reglamento de Negociaciones Colectivas y el derecho a huelga, promoviendo las relaciones laborales sobre la base de la acción sindical. Se promueve la formación de sindicatos en todo tipo de empresas (grandes o pequeñas), también de federaciones sindicales por rama y por grupos empresariales (sin importar que las empresas se dediquen a rubros diferentes), y hasta permite la formación de sindicatos que abarquen a diversas profesiones, oficios o especialidades; tanto en empresas diversas como en cadenas productivas, en redes de subcontratación y en cualquier ámbito en que los trabajadores quieran establecerlos.

¿Cuál es el propósito de esta sindicalización extrema que se quiere imponer a las relaciones laborales? Simplemente enfrentar a los trabajadores con los empresarios, según las ideas de un marxismo doctrinario, anacrónico y ajeno a la realidad peruana. En esencia son las mismas ideas que han fracasado en todos los países europeos y asiáticos que las han aplicado a lo largo del siglo XX, y que actualmente están convirtiendo a un país con tantas riquezas naturales como Venezuela (que tiene una de las mayores reservas de petróleo del mundo) en un desastre económico. Según esas ideas, el progreso y el bienestar de los trabajadores no se deben al éxito de la inversión privada y al crecimiento empresarial, sino a los reclamos de los sindicatos y a las presiones ejercidas por las huelgas. Es una actualización de la vieja “la lucha de clases”, en la que los empresarios no son vistos como lo que son, el motor de la economía, sino simplemente como “explotadores”.

En el comunicado de las organizaciones empresariales se afirma que “esta decisión unilateral del Gobierno quiebra el Consejo Nacional de Trabajo, pues no fue debatida como corresponde en esta instancia tripartita de diálogo y concertación social, conformada por trabajadores, empleadores y gobierno”. Además se señala que “no es la primera vez que este Gobierno actúa de manera unilateral y muestra una conducta antidemocrática, sin debatir los proyectos de importancia laboral con los interlocutores sociales, pues lo mismo sucedió con el decreto supremo sobre tercerización laboral”.

El Decreto del MTPE no cuenta con ningún estudio o análisis –como corresponde, dada su importancia– sobre sus consecuencias en todo el aparato productivo del país, que podrían ser muy grandes. Con toda seguridad, ocasionará una disminución notoria en la generación de empleos, y también una merma en la producción en general y en la provisión de servicios. También hará que muchas pymes quiebren, al no poder cumplir con las exigencias de las nuevas normas; y que muchos trabajadores informales, que son mayoría en el Perú, permanezcan en esa condición por el resto de sus vidas.