La comisión de Constitución del Congreso de la R...
Todas las democracias o sistemas republicanos que han sobrevivido frente a los enemigos de la libertad no solo han cultivado la tolerancia, la búsqueda de acuerdos y los pactos políticos, sino que también han utilizado la fuerza pública para preservar la Constitución, el Estado de derecho y las instituciones. El mayor ejemplo de esta dialéctica entre Constitución y fuerza pública lo representa la Guerra Civil de los Estados Unidos en el siglo XIX, que abolió el esclavismo y consolidó la mayor experiencia republicana de la humanidad: la Gran Unión estadounidense.
De la defensa de la Constitución frente a la guerra civil desatada por el sur esclavista, la república de los Estados Unidos salió más fortalecida que nunca y se convirtió en faro planetario de la libertad. Durante el siglo XX hubo otros casos en que se defendió el Estado de derecho; pero generalmente de esas defensas emergieron regímenes autoritarios y dictatoriales que pretendieron justificarse bajo la sombra de la Guerra Fría.
Hoy, el Perú, mal que bien, vuelve a estar en la disyuntiva de defender el Estado de derecho o rendirse ante los enemigos de la libertad. Y la única salida que vale se materializa en que la defensa de la Constitución y el sistema institucional solo debe significar la continuidad y la consolidación del Estado de derecho. Es en este contexto, que pretendemos plantear las siguientes reflexiones.
En la democracia peruana se debe entender que si no se utiliza constitucionalmente la fuerza pública, el Estado de derecho sucumbirá ante la estrategia del Movadef Y los organismos autogenerados del maoísmo y del eje bolivariano (tales como el Fenatep, el Conul y otros cascarones), que exigen el cierre del Congreso, la caída del gobierno constitucional y la convocatoria de una asamblea constituyente.
El radicalismo comunista y los núcleos del eje bolivariano pretenden desatar el caos y la anarquía para que sea transmitido en directo por la televisión nacional, e intentan seguir profundizando la crisis económica mediante la paralización de la producción, con el objeto de aumentar la desesperación de las mayorías nacionales. Y a través de esa desesperanza de la sociedad intentan hacernos creer que la asamblea constituyente será la única posibilidad de paz, tal como sucedió en Chile (aunque luego fueron derrotados electoralmente), en Bolivia y Venezuela.
Es incuestionable entonces que el Perú debe unirse en una gran convergencia nacional frente al plan de las milicias radicales de atacar aeropuertos, comisarías, bloquear carreteras y vandalizar edificios públicos del Estado y plantas y fábricas del sector privado. La agresividad de las milicias enviará a jóvenes e inocentes a desarrollar acciones típicamente militares en contra de las fuerzas de seguridad en la búsqueda de muertes lamentables de peruanos.
En este contexto, la unidad nacional debe pasar por la defensa del uso constitucional de la fuerza pública, el resguardo de nuestra gloriosa Policía Nacional del Perú (PNP) y nuestras Fuerzas Armadas, y la preservación del sistema constitucional de gobierno que se expresa en el actual Ejecutivo y Congreso. Es decir, las únicas instituciones que expresan la soberanía democrática –más allá de la desaprobación en las encuestas– y nos anclan en la continuidad del Estado de derecho.
Si alguien creía que el golpe fallido de Pedro Castillo y el eje bolivariano y el fracaso de las olas insurreccionales del verano pasado significaban el fin de las amenazas al Estado de derecho se equivocaba de principio a fin. Siempre vale recordar que, por los errores de los políticos y otros actores, de una u otra manera aquí en el Perú se instaló un Gobierno de corte comunista, influenciado incluso por el maoísmo radical. Ese Gobierno ha caído, pero las amenazas a la libertad siguen vigentes y la sociedad peruana, tal como lo hicieron las grandes naciones, debe ganarse su derecho a la libertad derrotando el intento insurreccional que se condensa en una supuesta tercera toma de Lima este 19 de julio.
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