¡El uso constitucional de la fuerza pública como alternativa a la guerra civil!

En la ola de violencia insurreccional contra la Constitución y el Estado de derecho, existen diversos diagnósticos para describir las causas de la insurrección. Uno de ellos, por ejemplo, nos señala que siglos y décadas de exclusión explican la espiral de violencia. Otro, que se trata de una “colisión cultural” del mundo andino con el sistema republicano criollo. Las corrientes progresistas suelen aderezar estas explicaciones con diferentes aproximaciones. Es evidente que estas narrativas tienen una parte de la verdad. Negar la exclusión y la marginalidad es pretender tapar el sol con un dedo.

Sin embargo, el bloqueo de carreteras para desabastecer a las ciudades y los actos de guerra convencional –tales como atacar y destruir aeropuertos, asediar decenas de comisarías, desarrollar sabotajes a los sistemas hídricos y energéticos del país e incendiar locales del Ministerio Público y del Poder Judicial– ¿acaso pueden atribuirse a la exclusión de las sociedades andinas? El progresismo señala que sí, reeditando un viejo debate –salvando las distancias con la naturaleza de la violencia de entonces– cuando se sostenía que el terror y muerte que desató Sendero Luminoso en los ochenta era expresión directa de la exclusión.

En ese entonces los escasos intelectuales que defendían el Estado de derecho se preguntaban, ¿por qué en Bolivia y Haití, dos sociedades con más pobreza que el Perú de los ochenta, no se desencadena la violencia y el terror senderista? Salvando las distancias –lo repetimos– la conclusión más discreta –incluso para los sectores democráticos de la izquierda– fue que la violencia en el Perú se explica principalmente por una ideología y una voluntad política (el senderismo).

Es evidente, pues, que la violencia insurreccional contra el Estado de derecho en la actualidad no puede explicarse, principalmente, por la exclusión y los choques culturales. Se trata de una estrategia que se ha aplicado en Bolivia, Ecuador, Chile y Colombia con el objeto de construir un poder alternativo al sistema de derecho, a través de una asamblea constituyente. Es imposible que una cuasi estrategia de guerra convencional, que demanda una logística para movilizar a miles, tenga un carácter espontáneo. La ingenuidad no puede dar para tanto, a menos que se pretenda favorecer la estrategia insurreccional.

De allí la enorme importancia de respaldar el uso constitucional de la fuerza que establece la Constitución y las leyes, a través de los estados de emergencia y de sitio. De allí la enorme importancia de señalar con absoluta claridad a los responsables de las lamentables muertes de 45 peruanos: las vanguardias comunistas que impulsan el proceso insurreccional.

Si no respaldamos el uso constitucional de la fuerza pública, ¿qué puede suceder en el Perú? Una posibilidad es que se instale la anarquía general, se disuelva el Estado y se convoque una constituyente, en un acto desesperado de las élites. Sin embargo, es una posibilidad. La otra es que los mercados populares y los sectores emergentes, que representan dos tercios de la sociedad y la economía, se organicen y decidan defender sus negocios y las economías familiares de los bloqueos de carreteras, cierres de mercados y la tiranía generalizada de las vanguardias comunistas. 

Si las vanguardias comunistas –como suelen hacerlo– atacan a las sociedades emergentes que defienden la economía familiar, entonces los mercados populares reaccionarán con más violencia y, sin lugar a duda, se configurará un escenario de guerra civil, extremadamente peligroso para el futuro del Estado de derecho.

De alguna manera, pues, quienes se oponen al uso legítimo de la fuerza, a que el monopolio de la fuerza se concentre en el Estado constitucional de derecho, están contribuyendo a la anarquía y a que el uso de la fuerza se traslade a la sociedad, a las organizaciones de los mercados emergentes. Y es que el colapso del Estado de derecho no necesariamente significa la asamblea constituyente, sino, principalmente, el retorno del ejercicio de una violencia de autodefensa a la sociedad.

Los republicanos antiguos y clásicos, antes del monopolio de la fuerza concentrado en el Estado, dirían que la sociedad regresa al republicanismo del pueblo en armas, tal como lo reconoce la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Y como sucedía en Grecia y en la Roma republicana.