Las bancadas de la centro derecha –entre ellas Fuerza Po...
El 17 de noviembre próximo, en la provincia de Sandia (Puno), se llevará a cabo un nuevo “encuentro de ronderos” con el objetivo de consolidar la estrategia de los sectores radicales que buscan paralizar la producción minera en el llamado Corredor Minero del Sur. Uno de los aspectos centrales a discutirse en el evento será la llamada “justicia rondera” y los cambios constitucionales para legalizar la acción de las rondas, incluso, por encima de las comunidades, los jueces y la Policía Nacional.
Al señalado cónclave asistirá Gregorio Santos, intentando capitalizar la organización “rondera” del sur del país. ¿Por qué el radicalismo antisistema apunta a generalizar la organización de rondas en el país?
Antes una precisión: en el sur del Perú no existe una tradición rondera, como sucede en la sierra norte, sobre todo en Cajamarca. Y en la medida en que los bloqueos de carreteras son los mejores instrumentos para paralizar la producción de minera, multiplicar este tipo de organizaciones —que buscarían equipararse a las comunidades, autoridades locales e, incluso, jueces y policía— puede ser una herramienta central en el intento de bloquear la producción de minerales.
Por estas razones la generalización de la organización rondera en el país ha pasado a ser parte fundamental de los planes del radicalismo antisistema. Desde Cajamarca y La Libertad —donde tuvieron en reciente congreso— pasando por Junín y hasta el sur, se desarrollan estos esfuerzos organizativos.
El movimiento rondero del sur, ahora bajo la batuta de Gregorio Santos, se fortalece, además, con importantes cuadros y dirigentes que abandonan Patria Roja “por presión de las bases”. En setiembre pasado la Federación Departamental de Rondas Campesinas de Puno y la Federación de Campesinos de Azángaro realizaron una asamblea para “evaluar” la continuidad de los proyectos mineros. Casi al mismo tiempo, durante el Perumin 2017 en Arequipa, grupos de izquierda antimineros organizaron la “Cuarta Cumbre de los Pueblos Afectados por la Minería”, denunciando los supuestos “perjuicios sociales y ambientales” de las inversiones mineras en el Perú.
La razón de la realización de los eventos es que el sur, donde se ubican los más importantes proyectos mineros de cobre del país –el llamado Corredor Minero del Sur— está en la mira del radicalismo de izquierda. El congreso en La Libertad, la asamblea en Azángaro y la cumbre antisistema en Arequipa no son casualidades. Existe un cordón umbilical que se ata a la estrategia del radicalismo.
La estrategia de las rondas ya ha funcionado en el norte del país, en Cajamarca, deteniendo Conga, proyecto minero de US$ 4,800 millones y más de US$ 10,000 millones en potenciales inversiones en otros emprendimientos mineros.
En este contexto, las rondas no solo son la avanzada antiminera y brazo político del MAS, sino también escuelas de cuadros políticos —dirigidos por Marco Díaz— donde se adoctrinan a las dirigencias antisistema que se desplazan en todo el sur andino.
Por todas estas consideraciones, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial deben mantener los ojos abiertos frente a la estrategia antisistema en contra del Corredor Minero del Sur, y en particular con el plan de generalizar las rondas en el país. Mantener los ojos abiertos también significa permanecer alertas ante las iniciativas del radicalismo parlamentario, que pretende desarrollar reformas constitucionales para convertir a las rondas en una entidad autónoma por encima de las comunidades, las autoridades locales, la policía y los jueces.
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