El principio de autoridad y la seguridad ciudadana

La guerra política en el Perú es la única explicación de que, desde el 2016 hasta la fecha, se hayan sucedido seis jefes de Estado, se haya cerrado inconstitucionalmente el Congreso, se haya derribado el gobierno constitucional de Manuel Merino mediante un golpe de masas, se haya elegido a Pedro Castillo y, finalmente, que el mencionado presidente de izquierda haya intentado perpetrar un golpe de Estado. Semejante proceso político ha erosionado de gravedad la institucionalidad democrática y ha quebrado el principio de autoridad del Estado de derecho.

Con la autoridad de la democracia hecha añicos se ha generado un terrible vacío de poder ante los despropósitos del Ejecutivo y del Legislativo. En este contexto se desata la anarquía, y con esas tendencias destructivas se produce el actual desborde de la criminalidad en el país. El Estado de derecho ha sido incapaz de enfrentar la exportación de la criminalidad organizada de otros países.

Algo más. La anarquía y el desarrollo de los relatos antimineros han posibilitado el avance de la minería ilegal hasta niveles impensados, tal como se revela en la situación de la provincia de Pataz, en donde el Estado de emergencia demuestra que el Estado de derecho no puede manejar el problema. Y el problema puede seguir agravándose, considerando que el precio del oro y el cobre podrían seguir en subida. Hoy la minería ilegal, que moviliza anualmente más de US$ 6,000 millones, es una amenaza al igual o más que el narcotráfico y otras economías ilegales.

Una de las cosas más graves y preocupantes: Desde que Pedro Castillo asumió el poder se han sucedido 13 ministros del Interior, siete de los cuales corresponden a Castillo y seis a la gestión de Dina Boluarte. Es decir, crisis institucional, sin principio de autoridad y tendencia general a la anarquía.

En diversos estudios y análisis se establece que los robos a negocios han aumentado en más de 200% entre el 2022 y el 2024, mientras que las víctimas de extorsión se incrementaron en 50%. Sobre este último delito en Lima se calcula que el incremento sobrepasa el 50%. Uno de los fenómenos más peligrosos de la extorsión es que demanda el control de territorios o determinados sectores económicos por el crimen organizado.

El efecto en los pequeños negocios es devastador desde cualquier punto de vista: centenares y miles de pequeños emprendimientos han cerrado. En medio de esta oleada criminal los secuestros se multiplican, desarrollándose amenazas, torturas y asesinatos de las víctimas secuestradas.

Así cómo se habla de los problemas del Estado burocrático y la falta de productividad de la economía como factores que destruyen nuestras posibilidades de crecimiento, igualmente el avance de la ola criminal afecta considerablemente la posibilidad de captar inversiones extranjeras y multiplicar las inversiones nacionales. Según el BID, por ejemplo, el crimen puede afectar entre el 1% y el 3% del PBI.

En medio de esta situación se calcula que el Perú necesita incrementar en 40,000 los efectivos de la policía nacional (PNP) en todo el territorio y en alrededor de 20,000 en Lima. En el país existe un policía por cada 500 habitantes; sin embargo, la recomendación de las Naciones Unidas es que exista uno por cada 250 o 300 ciudadanos. Si a esta situación le agregamos la precariedad de las más de 1,300 comisarías a nivel nacional, la falta de equipamiento de la PNP (los delincuentes tienen armamento con mayor poder de fuego) y la falta de mantenimiento de los patrulleros, tenemos todos los ingredientes que explican el actual desborde de la ola criminal.

El actual Ejecutivo no tiene la autoridad para convocar a todas las instituciones del Estado (desde la PNP, Fiscalía, Poder Judicial, Congreso) y al sector privado para desarrollar una amplia convergencia en contra del avance de la criminalidad. De allí que el problema de la seguridad ciudadana debe convertirse en asunto de primer orden en las próximas elecciones generales. Y la instalación del próximo gobierno debe basar su estabilidad en la contención del crimen organizado y las economías ilegales. De lo contrario avanzamos hacia un Estado fallido.

Vale subrayar que los yerros del Ejecutivo actual están dejando un futuro terrible y difícil de controlar.