El Perú no puede renunciar a fiscalizar a las oenegés

Las presiones nacionales e internacionales determinaron que se postergue el debate del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso que propone ampliar las funciones de fiscalización y control de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) sobre los fondos que reciben las oenegés del exterior. Un grave error de las bancadas del Legislativo que no pueden inhibirse de pronunciarse sobre un asunto que tiene que ver directamente con la soberanía nacional y la vigencia del Estado de derecho.

El argumento de las oenegés acerca de que se pretende controlar e impedir la participación ciudadana y de la sociedad civil en los asuntos públicos no resiste el menor análisis, porque nuestra Constitución y las leyes nacionales, regulan –incluso con inaceptables sobrerregulaciones– la participación de los ciudadanos y las organizaciones en las cuestiones públicas. Las oenegés, entonces, no pueden estar exoneradas de los controles y fiscalizaciones del Estado de derecho.

Al respecto vale señalar que ningún aspecto de la vida pública y ninguna de las políticas públicas del Estado en las últimas tres décadas han escapado a la influencia de las oenegés. Desde el conocido Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que envenenó la vida pública cuando dividió a los peruanos entre buenos y malos, pasando por todas las campañas en contra de la minería, en contra de las agroexportaciones, en contra de la industria pesquera, hasta inaceptables intromisiones en la administración de justicia que han desatado una de las judicializaciones políticas más brutales de la historia regional. Todo tiene que ver con la influencia de las oenegés.

Cuando la influencia de las oenegés se expresó en el control de las instituciones no era una exageración señalar que había surgido un modelo de gobernabilidad conducido por una aristocracia –sin meritocracia, que nadie había elegido ni designado– que administraba el Estado sin formar partidos políticos, sin presentar programas nacionales ni menos ganar una elección. En otras palabras, era un modelo que expropiaba la soberanía ciudadana que se expresaba en la elección popular del poder Ejecutivo y del poder Legislativo.

¿Cuál es el principal objetivo del dictamen que propone incrementar las facultades de la APCI para controlar los recursos de las oenegés del exterior? La respuesta es casi escolar: conocer de dónde vienen los fondos y para qué se destinan y, sobre esa información, ejercer controles. ¿Hay algo de extraño en esta voluntad? ¿Acaso en los Estados Unidos, en el Reino Unido, en Canadá y en otros países desarrollados no existen legislaciones similares e, incluso, con penas más severas?

Si los partidos están más que sobrerregulados y, peor aún, se ha prohibido el aporte de las empresas privadas a los movimientos políticos; si los partidos, finalmente, están fiscalizados por los electores; y si las empresas están fiscalizadas por las autoridades tributarias y laborales y por los propios consumidores, ¿por qué extraña razón las oenegés van a estar exentas de regulaciones? ¿Cómo se puede argumentar a favor de una tesis tan descabellada? A menos que alguien pretenda reemplazar el Estado de derecho por otro modelo alternativo.

¿Qué pasa si los competidores internacionales del Perú en cobre comienzan a financiar con millones de dólares a oenegés para desarrollar campañas para liquidar la minería moderna en el Perú? ¿Qué pasa si los competidores mundiales en los supermercados de los países desarrollados financian oenegés para detener el milagro agroexportador en el Perú? ¿Qué pasa si el narcotráfico comienza a financiar oenegés que desarrollen campañas en contra de la formalización en los predios de la selva? ¿Qué pasa si la minería ilegal financia oenegés para desarrollar campañas en contra de la minería moderna?

Renunciar a fiscalizar los recursos externos de las oenegés, de una u otra manera, es renunciar a defender el Estado de derecho y permitir que algunas estrategias antinacionales florezcan en el país. Algo imposible de aceptar. Es hora de aprobar la legislación respectiva.