El Perú al borde del precipicio

A dos semanas y días del próximo 28 de julio –es decir, a días de conmemorarse el Bicentenario de la Independencia– el Perú sigue avanzando hacia el borde de un precipicio de desenlace inesperado. 

Por un lado, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) persiste en un proceso electoral que ha perdido legitimidad por la increíble negativa de la autoridad electoral a contrastar las actas cuestionadas con los padrones electorales. De otro lado, la judicialización de la política nos lleva a preguntarnos si en el Perú todavía existe Estado de derecho. Sucede que una juez constitucional provisional ha aceptado un amparo en que se ordena al Congreso suspender la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), no obstante que se trata de una función exclusiva y excluyente del Legislativo de acuerdo a la Constitución.

Pero el roce de poderes se agrava a niveles impensados. El Ministerio Público ha iniciado una investigación preliminar contra los parlamentarios que han participado y participan en la elección de los magistrados del TC, no obstante también que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo de acuerdo a la Carta Política. Contempladas las cosas así, las instituciones republicanas se han convertido en actores de una guerra política en la que se busca controlar el poder mediante la judicialización de la política.

En este contexto, es legítimo preguntarse si el Estado de derecho todavía está vigente y si la Constitución continúa siendo la ley de leyes que rige el funcionamiento de las instituciones, los actores y los ciudadanos. En este escenario continúan las movilizaciones ciudadanas, exigiendo transparencia electoral y que la corte electoral contraste las actas cuestionadas con el padrón de electores.

Por su parte, el candidato Pedro Castillo mantiene un silencio cuestionable frente a todos los temas que dividen a los peruanos, luego de haber ratificado días atrás que convocará a una asamblea constituyente. No aclara cuál sería el eventual perfil de su gabinete, si se respetará la Carta Política ante el recurrente tema de la constituyente y si se ha descartado el plan de expropiaciones y colectivizaciones que presentó Perú Libre.

Si a todos estos hechos le agregamos el reciente pronunciamiento de Keiko Fujimori, Fuerza Popular y la oposición en general, acerca de que no se reconocerá un eventual triunfo de Castillo, las malas noticias se suman una tras otra hasta configurar una verdadera tragedia republicana.

A nuestro entender el fenómeno que atraviesa el Perú corresponde a una estrategia bolivariana que se aplica, sobre todo, en los países de América del Sur. Una estrategia que tiene varios escenarios de acción, como la movilización en las calles y la participación electoral.

Por ejemplo, la acción directa de las masas que pretende convertir a la movilización callejera en un actor, independiente de las instituciones y los procedimientos constitucionales, ha forzado en Chile la convocatoria de un proceso constituyente en el que las corrientes comunistas y progresistas han logrado amplia mayoría. Las movilizaciones violentas en las calles colombianas, igualmente, buscan desatar un proceso constituyente. Y las protestas callejeras que forzaron la renuncia de Manuel Merino y encumbraron a Francisco Sagasti en el Perú y que, de una u otra manera, explican el dramático momento que experimenta la construcción republicana.

Y lo más grave de este escenario, que se asemeja a un infierno, es que no hay indicios de salida política, a menos de que uno de los sectores sea humillado y vencido. El gran problema de las estrategias de guerra aplicadas a la política y a los procesos constitucionales es que genera la impresión de un ganador, pero cualquier victoria en este terreno es pírrica, a menos que un grupo llegue a controlar todo el poder y toda la economía, al margen de la Constitución y mediante la supresión de las libertades.