El Perú a punto de escalar crisis política

A estas alturas parece incuestionable que, una eventual proclamación de un candidato ganador de la segunda vuelta, sin contrastar todas las actas cuestionadas con el padrón electoral, simplemente disparará una crisis política sin precedentes. Una crisis política superlativa, en la que un sector del país cuestionará la legitimidad del jefe de Estado proclamado, e instituciones como el Congreso y el Tribunal Constitucional (TC) se tensarán al extremo.

¿Cómo superamos este bloqueo institucional y político que parece avecinarse? Nadie lo sabe. Algunos creen que luego de una eventual proclamación, los reclamos y protestas amainarán, pero con el suceder de los días y semanas, las cosas avanzan en sentido contrario. 

En realidad, más de la mitad del país ha comenzado una gesta agónica en contra de un proceso electoral repleto de irregularidades y que parece viciarse por la conducta de la mayoría de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Pero esa gesta agónica, que se expresa en las movilizaciones más impresionantes de las últimas tres décadas, también tiene que ver con la irrenunciable decisión de no aceptar un gobierno comunista ortodoxo, que nace con un claro cuestionamiento en su legitimidad de origen. Un gobierno que pretende centralizar el poder a través de una asamblea constituyente y colectivizar la economía mediante expropiaciones y nacionalizaciones de la propiedad privada.

Entre los responsables de esta dramática situación está, en primer lugar, el Ejecutivo, por negarse a solicitar una auditoría electoral a la Organización de Estados Americanos, que hubiese permitido la paz y el reencuentro de los peruanos. En segundo lugar, el JNE por negarse a contrastar todas las actas cuestionadas con el padrón electoral, violando la Constitución y las leyes electorales.

Mientras el Perú avanza hacia uno de los momentos más oscuros de toda su historia republicana, la economía se paraliza en todas sus actividades, y se conoce que más de US$ 15,000 millones salen del país, que las acciones de las empresas se desploman, que el dólar sigue trepando y consumiendo nuestros ahorros y que los productos de primera necesidad se incrementan en más de 20%. Un paquetazo impensable, pues, empieza a producirse.

De otro lado, en el Congreso la mayoría de bancadas tendrá que decidir si sigue apostando por el camino republicano del equilibrio de poderes y del control del poder político y, por lo tanto, este miércoles procede a elegir a los seis miembros del Tribunal Constitucional que debieron ser designados dos años y medio atrás. La actual mayoría del TC –que debe ser reemplazada–, de una u otra manera, es directa responsable del deterioro institucional de la República al haber “constitucionalizado” el cierre inconstitucional del Congreso con la figura de la “denegación fáctica de confianza”, que no existe en nuestra Carta Política y no tiene antecedente alguno en ningún ordenamiento constitucional.

El actual proceso de construcción republicana que ha posibilitado cuatro elecciones sucesivas sin interrupciones, que permitió triplicar el PBI y reducir la pobreza del 60% de la población a solo 20% (hasta antes de la pandemia) ha llegado a una disyuntiva final: o se persiste en la construcción de instituciones que afirmen la libertad o nos embarcamos en una noche autoritaria que podría durar décadas, de acuerdo a los manuales del comunismo más ortodoxo.

La mayoría de los peruanos parece entender que la única defensa de las libertades es que la se puede hacer ahora. Mañana será muy tarde, considerando el software bolivariano que utilizará la riqueza minera expropiada para aumentar popularidad, imponer una constituyente y perennizarse en el poder por décadas; más allá de los delirios del sector caviar que cree que puede reeducar a Pedro Castillo, el profesor de Chota, un trejo y experimentado dirigente sindical que ha empezado a pasearlos.