El peligro de las rondas

Sobre la iniciativa de APP de empoderar a los ronderos del norte

El señor César Acuña, candidato presidencial por el partido Alianza por el Progreso (APP), acaba de tener un acierto importante en su campaña al poner en la agenda electoral nacional el tema de la inseguridad ciudadana. El problema es que su primera propuesta sobre la materia resulta controversial. En todo caso, bienvenido el debate.

Acuña propone que las Rondas Campesinas sean incorporadas al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, creados por el actual gobierno nacionalista sin resultados a la vista. Compartimos la idea de movilizar a la población como un elemento esencial para cualquier estrategia exitosa contra la delincuencia, pero de allí a incorporar en instituciones estatales como las mencionadas a organizaciones altamente politizadas e ideologizadas como las rondas de Cajamarca y La Libertad, hay que pensarlo mucho.

Los peruanos hemos sido testigos de cómo, en los últimos meses,  comités de ronderos han secuestrado, maltratado y eventualmente desaparecido, a ciudadanos y autoridades locales, haciendo uso y abuso de la fuerza. En un caso alegando la sospecha de que las víctimas eran delincuentes, y en otros en represalia porque las víctimas apoyan la ejecución de proyectos de explotación de recursos naturales en sus respectivas regiones.

Así, el 16 de septiembre, Aladino Yupanqui, Jaime Pisán Salinas, Santos Roncal Villanueva, fueron detenidos y acusados de ladrones por los ronderos de la comunidad de Cochorco, en la provincia liberteña de Sánchez Carrión. Según consta en un vídeo grabado por los propios comuneros, las víctimas fueron golpeadas salvajemente: se les ve con la cabeza rota y grandes hematomas en el rostro y el cuerpo.

Al día siguiente, el 17, se los llevaron y desaparecieron. Se presume que han sido asesinados, pero como sus cuerpos no han sido hallados, se les considera oficialmente desaparecidos. Sus familiares niegan que sean delincuentes y que simplemente ha sido un abuso.

Otro caso ejemplarizador es el secuestro y maltrato que sufrieron Luis Castañeda Pisco, gobernador del distrito de Sorochuco, y Pedro Zamora Rojas, gobernador de la provincia de Celendín, a manos de ronderos de esa provincia convertidos en fuerza de choque de los antimineros. Les privaron de la libertad y los maltrataron porque ambas autoridades, al igual que los habitantes de las localidades adyacentes al proyecto Conga, apoyan que se ejecute ese emprendimiento minero.

Otro caso es el secuestro de un ingeniero promotor del proyecto hidroeléctrico Río Grande I, y de sus hijos, por los ronderos del distrito de Oxamarca. Los retuvieron desde las seis de la tarde hasta las 11 de la noche acusándolos de apoyar dicho proyecto. Finalmente la policía logró hacer respetar la ley y no tuvieron otra salida que liberarlos.

Como se puede apreciar, las llamadas Rondas Campesinas del norte  hacen uso y abuso de la fuerza y orientan su accionar siguiendo consignas políticas. ¡Qué harían si el estado las empodera aún más, como propone el señor César Acuña! Por eso en este portal hemos pedido que sean disueltas cuanto antes, por la seguridad de los ciudadanos de esa zona del país.

Además, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana traza políticas públicas en esa materia y actúa como coordinador de la aplicación de esas políticas en las instituciones del estado que lo conforman: el Ejecutivo, Poder Judicial, el Ministerio Público y el Legislativo.

El todo caso los líderes de las organizaciones ciudadanas de autodefensa despolitizadas podrían participar en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, bajo la conducción de las autoridades y en condiciones precisas que impidan que se produzcan excesos como los que hemos reseñado.

El señor Acuña ha tenido al parecer la mejor intención al formular su propuesta, pero debería meditar más sobre las posibles consecuencias de la misma para nadie pueda decirle que está haciendo populismo.