El nuevo Congreso y la mayoría legislativa

La posibilidad de una gestión diferente del Legislativo

El hecho de que el fujimorismo haya logrado la mayoría absoluta del Congreso que se instalará a partir de este 28 de julio es a la vez un problema y en una posibilidad —parafraseando el seminal Perú, problema y posibilidad de Basadre— para el futuro del movimiento naranja de cara al 2021. A estas alturas ya es evidente que el fujimorismo tendrá que otorgar gobernabilidad a la administración de PPK, a riesgo de comprometer sus posibilidades en los próximos comicios.

Se trata de un problema porque el deterioro del sistema político tiene en los tres congresos de la democracia post fujimorato una de sus explicaciones principales. En todas las encuestas de la última década, el Congreso, simplemente ha tocado fondo. Los escandeletes y las denuncias de incrementos salariales en el Parlamento han alimentado las portadas de los diarios, convirtiendo a la asamblea que expresa la pluralidad de la democracia en una entidad mayoritariamente desaprobada. ¿Qué alternativas tiene entonces el fujimorismo para evitar que la inercia legislativa liquide sus posibilidades políticas?

Pero la gestión del Legislativo también puede convertirse en una enorme posibilidad para cualquiera. Si los actores parlamentarios, particularmente la mayoría fujimorista, entienden que la crisis de representación de la democracia peruana demanda una profunda reforma del propio Congreso (por ejemplo, iniciar la discusión de la bicameralidad y la elección del Congreso en segunda vuelta), la reforma del sistema electoral (distritos electorales más pequeños) y un paquete imprescindible de reformas constitucionales, es evidente que se puede cambiar la situación del Legislativo.

Pero quizá lo más trascendente, lo más importante, no solo tenga que ver con las propuestas sino con el método de aprobar la ley. Los últimos congresos de la democracia pos-Fujimori han continuado la lógica oligárquica que viene de la Colonia: creer que las leyes pueden aprobarse de arriba hacia abajo, sin consultar a la ciudadanía y a los actores implicados. Si el fujimorismo logra superar la visión oligárquica de la sanción legislativa no solo se dará un paso importante en la reforma política, sino que el movimiento naranja asociará su identidad —ahora vinculada al pasado autoritario— al segundo piso constitucional y legal que requiere nuestra República para seguir consolidándose.

Por ejemplo, el prestigio del Senado de los Estados Unidos —no obstante los problemas que enfrenta— no se podría entender sin las llamadas Audiencias Públicas que se convocan para conocer el criterio de los ciudadanos y los actores implicados. Esas audiencias forman parte de la tradición política estadounidense; incluso aparecen en las mejores producciones hollywoodenses.

Asimismo, estas audiencias públicas no tendría ningún sentido si es que antes no se prepublican las iniciativas legislativas a tramitarse en el pleno del Congreso. Y las prepublicaciones tampoco tendrían sentido si no se presentan exposiciones de motivos de las iniciativas legales, claramente fundamentadas ante la ciudadanía en general.

El fujimorismo tiene, pues, una enorme posibilidad. Imaginemos que el país comienza a alinearse alrededor de la necesidad o no de establecer un sistema bicameral del Congreso. Semejantes alineamientos y diferencias construyen República y ciudadanía, a diferencia de los tópicos que alimentan la polarización fujimorismo versus antifujimorismo.

Si el fujimorismo adopta esa aproximación, todas las demás cosas empezarían a ordenarse a favor de todos. Por ejemplo, en el propio fujimorismo tendría que surgir una meritocracia legislativa; es decir, los más capaces tendrían que encabezar la agenda legislativa. Y la idea de la transparencia y la consulta ciudadana echaría por la borda criterios afiebrados acerca de que los naranjas pueden hacer una gran gestión en el Congreso sin convocar a la más amplia convergencia.