El Ejecutivo y la guerra comunista por la ley agraria

El Ejecutivo pulverizó el principio de autoridad del Estado democrático asumiendo el relato de las izquierdas, que demoniza la labor policial, y pasando ilegalmente al retiro a 18 oficiales generales de la Policía Nacional del Perú (PNP). En este contexto, la PNP decidió no intervenir en los bloqueos de carreteras y la violencia que ejercen minorías radicalizadas con el objeto de aprobar una ley que destruye cualquier promoción o incentivo para invertir en la agricultura. Peor todavía: el Ejecutivo envía a los policías prácticamente desarmados para enfrentar a las turbas y vándalos que violan la Constitución y la ley.

En este escenario, la quiebra de la autoridad policial y del sistema republicano explica que 3,000 personas bloqueen una carretera en Ica y, como consecuencia, se derogue la ley de Promoción Agraria, que tuvo una vigencia de dos décadas durante cuatro gobiernos constitucionales. Y ahora unos piquetes violentos, que no llegan a 500 personas, exigen que el Congreso apruebe una ley que colectiviza las inversiones agrarias, pese a que ese dictamen fue rechazado en tres ocasiones por el Legislativo.

Pero eso no es todo. El Ejecutivo, presionado por el Frente Amplio y la acción de las minorías radicalizadas, acaba de presentar un proyecto en el que se establece una bonificación no remunerativa del 20% sobre el jornal, lo que significaría un incremento de S/ 32 a S/ 45. De otro lado, el proyecto promueve la negociación colectiva, a sabiendas de que la estacionalidad y temporalidad de los contratos lo impide.

De esta manera, el Ejecutivo se suma a las iniciativas que promueven una remuneración especial para el sector agrario sin considerar que los aumentos salariales deberían tratarse en el llamado Acuerdo Nacional y de manera tripartita (Estado, trabajadores y empresarios). Elevar el mínimo de contratación en el agro, en el acto, castiga a los trabajadores más eficientes y a quienes logran mejores ingresos por esfuerzo propio. Es una bomba de tiempo para la productividad de las empresas.

El Ejecutivo no entiende qué significa el sector agroexportador peruano que, en dos décadas, ha logrado incrementar las exportaciones agrarias de US$ 850 millones a US$ 7,000 millones y reducir la pobreza en las zonas agroexportadoras, del 60% de la población a solo 22%. Si el Gobierno lo entendiera, no propondría una remuneración salarial por encima de la Remuneración Mínima Vital Nacional (RMV); es decir, una remuneración agraria especial que, con la ilusión de distribuir riqueza a los trabajadores, castiga la productividad de las empresas agroexportadoras. Es incuestionable que muchas empresas quebrarían bajo esta fórmula. 

De otro lado, ¿qué pretende el Ejecutivo cuando se promueve la negociación colectiva por sectores? ¿Acaso los contratos no son temporales de acuerdo a la época de siembra, mantenimiento o cosecha? Plantear negociaciones por rama y mantener contratos temporales significa organizar el conflicto social para que los sectores comunistas y colectivistas prosigan con su agenda anti inversión privada.

Si bien el Ejecutivo plantea mantener la devolución del IGV y la depreciación por inversiones hidráulicas hasta el 2027, propone eliminar progresivamente la renta de 15% para converger en el 2031 en el 30%. La gradualidad en la eliminación de los beneficios tributarios se desarrollará considerando el tamaño de las empresas. Es incuestionable que al sector Economía (MEF), ahora bajo conducción de Waldo Mendoza, se han trasladado muchos socialistas y burócratas ideologizados. ¿Por qué sostenemos una afirmación de este tipo?

Cambiar el régimen tributario agrario cuando Colombia y Paraguay están a punto de copiarlo, cuando la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) propone un régimen especial para el agro y, sobre todo, cuando bajo este régimen en las últimas décadas se invirtieron más de US$ 20,000 millones en agro peruano, suena a una verdadera locura. Pero la locura se agrava cuando es evidente que, de mantenerse el régimen tributario, en muy pocos años se podrían sumar otros US$ 20,000 millones en inversión para ampliar la frontera agrícola y convertir desiertos y tierras yermas en oasis de agroexportación.

¿Cómo entender el nuevo MEF que ha surgido? Es la primera vez que el sector Economía es controlado directamente por una izquierda distante de la inversión privada. Ahora que las corrientes comunistas pretenden establecer controles de precios, mediante la congelación de tasas de interés, habría que preguntarse, ¿cuál será el punto de vista del nuevo MEF?

En vez de anunciar reducciones en el gasto ineficiente de un Estado que consume anualmente alrededor de US$ 65,000 millones (un tercio del PBI antes de la pandemia), y que no pudo atender la tragedia del Covid-19 , el Ejecutivo se muestra entusiasta creando una remuneración especial para el agro –por encima de promedio nacional– y anunciando el fin del régimen tributario que posibilitó el regreso del capital al campo.

Un gobierno republicano pro mercado, pro inversión, pro lucha contra la pobreza, habría anunciado la reducción drástica de los gastos estatales y el fin de todas las sinecuras ideológicas, y también habría anunciado la extensión del régimen laboral y tributario de la derogada ley agraria a toda la economía nacional para desatar el crecimiento y la reducción de pobreza, y arrinconar a la informalidad. Habrá que esperar al gobierno del 2021.