El colectivismo: enemigo frontal del mundo emergente

Una de las explicaciones de que el Ejecutivo y Perú Libre no puedan implementar el proyecto de la asamblea constituyente y las nacionalizaciones de los recursos naturales, tiene que ver con las relaciones entre formalidad e informalidad en el Estado y la sociedad. ¿A qué nos referimos? Para simplificar las cosas, si un sector político llega a controlar el Estado peruano, como máximo podría influenciar en el 20% de la sociedad. En Chile y Colombia, por el contrario, si un sector político llega a controlar el aparato estatal, de alguna manera logra impactar en la mayoría de la sociedad.

La diferencia entre el Perú y los dos vecinos del sur está en los niveles de formalidad e informalidad. En nuestro país alrededor del 30% de la economía es formal, mientras que el 70% restante enfrenta diversos grados de informalidad. En el caso del mundo laboral las cosas se complican más: el 85% del empleo es informal, y el 80% del trabajo es provisto por pequeñas y medianas empresas (pymes) que no pueden pagar los costos inalcanzables de la formalidad. 

Por todas estas consideraciones, los bonos y las políticas populistas no pagan demasiado en el Perú. Allí está la administración Castillo, el “mayor gobierno bonista” de los últimos tiempos, agonizando frente a un proceso de vacancia y una acusación constitucional. 

La mayoría de los peruanos solo pretende que se le deje trabajar, que se le deje continuar con sus negocios y emprendimientos. De allí que la posibilidad del cambio del modelo o la interferencia en los mercados, simplemente podría crear una explosión social. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha decidido implementar la llamada “Agenda 19”, con el objeto de colectivizar las relaciones laborales: eliminación de la tercerización laboral, aumento de la remuneración mínima vital e incremento de uno a tres sueldos –por año trabajado– en caso de despido injustificado.

Todas estas propuestas son percibidas en los mercados populares y en el mundo emergente como verdaderos misiles en contra de la formalización. En el mundo de los emprendedores la idea de una remuneración mínima es un delirio burocrático que nada tiene que ver con la realidad. La informalidad es el mundo de la flexibilidad laboral para contratar y despedir; y en emporios comerciales como Gamarra, por ejemplo, hay tanta oferta de trabajo que los buenos trabajadores ganan sobre el sueldo mínimo y deciden en qué lugar trabajar (como en Estados Unidos), de acuerdo a su conveniencia.

Hasta antes de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) algo parecido sucedía en las regiones agroexportadoras, pero dentro de la formalidad. Como existía flexibilidad laboral para contratar, según las estaciones agrícolas (siembra, cosecha y mantenimiento), en Ica, por ejemplo, había pleno empleo, los trabajadores calificados ganaban por encima del mínimo vital y decidían en qué empresa trabajar de acuerdo a sus intereses. Había pleno empleo, pero con derechos y beneficios sociales.

Después de la derogatoria de la Ley 27360 se comenzaron a perder tantos trabajos formales que, en algunas zonas agroexportadoras, los trabajadores han comenzado a protestar exigiendo el restablecimiento pleno de la Ley de Promoción Agraria.

Es incuestionable pues que el colectivismo, con sus propuestas de regular los precios y las relaciones laborales, es el peor enemigo del mundo emergente y popular. Sin embargo, el gran problema en el país es que los partidos de la oposición todavía no se proponen representar a ese mundo popular, enemigo frontal del colectivismo y, por lo tanto, de la asamblea constituyente para instalar “una república plurinacional”.

Es evidente que si la naturaleza y realidad del mundo emergente, emprendedor y popular, es representado en el sistema político, entonces, se habrá caído el Muro de Berlín que nos ha llevado a la tragedia del gobierno de Castillo, y el Perú se encaminará con firmeza hacia el desarrollo.