El cobre se dispara y el Perú se desorganiza

En momentos en que el precio de la libra de cobre ha superado los US$ 4,76 y las agencias internacionales sostienen que podría llegar a US$ 7 en el 2025, el Perú se sumerge en una terrible incertidumbre política y se desinstitucionaliza con la conducta de las autoridades electorales y con las propuestas económicas de Perú Libre.

¿Qué puede significar un escenario de este tipo? Que los increíbles beneficios en el máximo histórico en el precio del metal rojo no servirán para apuntalar el crecimiento o reducir la pobreza. Algunos especialistas señalan que si el Perú materializara seis proyectos de cobre podría crecer por encima del 5% y reducir la pobreza por debajo del 15% de la población. 

Si el potencial del cobre no ha significado mayores beneficios para la población solo se explica porque el Estado –a través de los gobiernos central, regionales y locales –no ha distribuido la renta minera (cobrada a través de los impuestos), construyendo carreteras, postas médicas y escuelas.

El Perú tiene una cartera de inversiones mineras de alrededor de US$ 53,000 millones, de los cuales el 80% corresponde a emprendimientos en cobre. Hoy, el Perú es el segundo productor del metal con envíos de más de 2.5 millones de toneladas métricas; y según el Instituto Geológico de los Estados Unidos, sigue teniendo la mayor tercera reserva de metal rojo del planeta.

En este contexto, ¿qué puede significar que Perú Libre proponga abiertamente renegociar los contratos de cobre para que el Estado obtenga el 70% de las utilidades y las empresas privadas el 30%? A nuestro entender, es una propuesta abierta de estatización y expropiación. La mayoría de empresas transnacionales con contratos con el Estado recurrirían a los arbitrajes internacionales y el Perú emularía a Venezuela en la destrucción de Petróleos de Venezuela (PDVSA), porque un eventual gobierno de Perú Libre buscaría utilizar el cobre peruano con criterios políticos y geopolíticos. Es decir, una estrategia para utilizar la explotación del metal rojo para entronizar en el poder un proyecto chavista que centralice el poder y colectivice la economía.

Por todas estas consideraciones, así como más de medio millón de peruanos se reunieron en La avenida de La Peruanidad para exigir transparencia electoral y el respeto al voto de parte de las autoridades electorales, igualmente esa ciudadanía que protesta debe entender que en cada intento de expropiación de una mina también se juega la libertad de los peruanos.

Si un eventual gobierno de Perú Libre expropia una mina estaría violando abiertamente la Constitución y aplastando la soberanía del Congreso a instalarse el 28 de julio. En primer lugar, cualquier intento de expropiar tiene que pasar por una ley del Legislativo. En segundo lugar, el artículo 62 de la Constitución establece que “…Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley…”. 

No hay, pues, manera alguna de expropiar una mina sin ley previa y sin acuerdo del Congreso. Pretende hacer las cosas al estilo bolivariano, entonces, significaría imponer el lenguaje de la calle sobre la Constitución y las instituciones. Y si eso es posible, entonces, la suerte estará echada.

Existe un aserto que sostiene que “el que puede lo menos, puede lo más”. Es decir, si puedes violar un contrato ley pisoteando la Constitución y el Congreso, entonces, se podrá instalar la constituyente socialista. La lucha por la libertad entonces es una sola. No hay libertad política sin respeto a la propiedad privada y los contratos.