Se ha vuelto un lugar común denostar del actual Congres...
La defensa legal de los extranjeros John Dougherty y Jennifer Moore acusa a este portal y a otras entidades del Estado de una campaña de desprestigio en contra de sus defendidos. Debemos precisar que en El Montonero.pe nunca hemos desarrollado campaña de desprestigio alguna. Siempre hemos tratado de ceñirnos a los hechos, más allá de nuestras legítimas posiciones a favor de las inversiones mineras. Pero, ¿tiene algo de verdad semejante imputación? Veamos.
El 13 de febrero pasado el Poder Judicial revisó un hábeas corpus presentado por diversas oenegés antimineras a favor de los referidos ciudadanos extranjeros y contra el Ministerio del Interior, el Departamento de Seguridad del Estado de Cusco y la Jefatura Zonal de Cusco de la Superintendencia Nacional de Migraciones. ¿Por qué? Por una sentencia expedida por el Primer Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima en el 2017, para expulsar del Perú a John Dougherty y Jennifer Moore.
Dentro de las razones presentadas al Poder Judicial, que fundamentan la solicitud del hábeas corpus, se indica, entre otras, que “1) existió una primera detención, entre los días 21 y 22 de abril de 2017; 2) el Ministerio del Interior emitió un comunicado dando cuenta de la posible expulsión; (…) y 6) una campaña de desprestigio que sigue en contra de Jennifer Moore y John Dougherty en el noticiero “El Montonero”.
No obstante vale recordar primero lo que sucedió. En el 2017, con visa de turistas, John Dougherty y Jennifer Moore —junto a representantes de conocidas organizaciones no gubernamentales opositoras a los proyectos mineros— presentaron documentales de investigación (El fraude de Flin Flon, De Canadá a los Andes) contra las inversiones mineras en el Perú.
Al respecto lo que no se dice es que los referidos John Dougherty y Jennifer Moore ingresaron al Perú en calidad de turistas y, según el Decreto Legislativo N° 1350, solo se les permite realizar actividades turísticas, “de ocio, de salud o similares”. El turista no puede trabajar ni realizar actividades remuneradas o lucrativas. John Dougherty y Jennifer Moore no cumplieron las prerrogativas establecidas en la ley, puesto que desde su llegada al Perú se dedicaron a promocionar y presentar documentales periodísticos en contra de las inversiones mineras y gestionar otras actividades que no están sujetas al turismo en absoluto. Todos estos hechos motivaron su expulsión del Perú. Es decir, al no cumplir la ley, tanto Migraciones como nuestra Policía Nacional tuvieron que enviarlos a Bolivia, desde donde intentaron regresar en varias ocasiones.
En aquella ocasión la expulsión de los extranjeros John Dougherty y Jennifer Moore fue presentada como una persecución contra los derechos humanos de los “activistas”, y tanto las organizaciones que participaron en la presentación del documental —Cooperacción y Derechos Humanos Sin Fronteras—, así como congresistas como Marco Arana, argumentaron una serie de inexactitudes desde las redes sociales. Arana llegó a decir que la Policía de Migraciones había “secuestrado” a Dougherty y a Moore. Hoy, los ciudadanos extranjeros pretenden regresar al Perú. Esta vez a través de un hábeas corpus que les permita difundir sus supuestas investigaciones.
Vale señalar una vez más que, desde El Montonero.pe, solo se ha informado lo que sucedió con la permanencia de John Dougherty y Jennifer Moore en el país, y la reacción de las autoridades nacionales. Nada más.
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