El adelanto general de elecciones como estrategia de la izquierda

Nadie puede negar que el Ejecutivo no tiene una política nacional para enfrentar la ola criminal que afecta la vida, la salud y la propiedad de los peruanos de toda condición. Se trata de una verdad incuestionable. Sin embargo, el desborde criminal en el país no se explicaría sin el descabezamiento de 50 oficiales generales de la policía nacional (PNP) que perpetró la izquierda, destruyendo décadas de meritocracia y aprendizaje de los oficiales de la PNP. Igualmente, tampoco el avance del delito se explicaría sin la politización de un sector del Ministerio Público y los operadores de justicia, muy influenciados por el discurso progresista de los Derechos Humanos que, antes que defender los DD.HH. busca destruir el principio de autoridad del Estado de derecho.

Sin embargo, desde que las izquierdas cometieron el yerro estratégico de promover la elección de Pedro Castillo, comenzaron a perder el poder institucional que habían acumulado en las últimas décadas, que incluso les posibilitó judicializar a todos los políticos, movimientos y partidos que representaban una contención al comunismo. Desde esa fecha hasta la actualidad las izquierdas, sobre todo las versiones progresistas, nos han comenzado a vender la idea de que el adelanto general de elecciones es la mejor herramienta para solucionar el desmadre nacional que ellos crearon con el encumbramiento de Castillo.

Y las últimas versiones de la propuesta de adelanto general de elecciones del progresismo siempre se han focalizado en el avance de la ola criminal y la incapacidad del Ejecutivo para hacerle frente. En ese sentido, vale señalar que cualquier interrupción del cronograma constitucional –a pocos días de vencerse la fecha límite para convocar elecciones generales (12 de abril)-- sería una febril locura que solo agravaría el vacío de poder que se profundiza con los bajos niveles de aprobación del Ejecutivo y del Legislativo. Y agravar el vacío de poder del Estado derecho es, simplemente, abogar por su destrucción y su reemplazo por una asamblea constituyente.

En este camino el frívolo progresismo pretende desarrollar un golpe de masas –tal como sucedió con la caída del gobierno constitucional de Manuel Merino– e imponer en el Congreso a minorías de minorías para conducir la transición hacia las elecciones generales. Felizmente, desde el golpe fallido de Castillo y la devastación que él nos dejó, las mayorías rechazan todas las convocatorias de la izquierda para marchar en las calles. En el sur la reacción es paradigmática porque se identifica la protesta con la recesión de la que las familias apenas comienzan a salir.

En ese sentido, la presidente Dina Boluarte debe convocar a elecciones generales para que se inicie el proceso de recambio democrático y se conjure cualquier amenaza de las minorías radicales que buscan reeditar caminos violentos e interrumpir el cronograma constitucional. Por otro lado, la presidente Boluarte debería ser capaz de convocar a un gabinete de amplia base conformado por personalidades que no participarán en el proceso electoral que, incluso, podrían incluir a los miembros del actual consejo de ministros.

Cuando se presentan estas situaciones vale recordar las decisiones que convirtieron a los Estados Unidos en la mayor democracia republicana de la modernidad. Antes de la guerra de Secesión del siglo XIX, la gran nación del norte padecía una anomia generalizada por el avance del Far West en el Oeste y la multiplicación de pistoleros y bandas y también por la confrontación entre el norte y el sur esclavista. Igualmente, en las primeras décadas del siglo XX ciudades enteras de los Estados Unidos estaban controladas por el crimen organizado durante la prohibición del alcohol. Hubo otros momentos en que situaciones parecidas a las que hoy se padece en el Perú amenazaron la institucionalidad federal y estatal de la gran unión americana.

No obstante, la grandeza de los Estados Unidos reside en que nunca nadie se atrevió a interrumpir o variar los cronogramas constitucionales a pesar de las crisis que aparecían terminales. En el Perú debemos seguir ese ejemplo y algo de eso estamos haciendo: más allá de cualquier argumento, solo se ha vacado a Alberto Fujimori, Martín Vizcarra y Pedro Castillo, porque los tres quebraron el sistema constitucional.

Por todas estas consideraciones, los peruanos de buena voluntad deben enfrentar el nuevo intento de golpe de masas de ciertas minorías radicalizadas.