¡Detener judicialización de fuerzas de seguridad para enfrentar la ola criminal!

En medio de las campañas de desinformación que se desarrollan en la sociedad peruana, sobre todo en los temas de la crisis de seguridad ciudadana y el desborde de la ola criminal, siempre se pretende ignorar el terrible daño que han causado las oenegés que, supuestamente defiende Derechos Humanos, promoviendo la judicialización y la persecución de los miembros de las fuerzas armadas y la policía nacional del Perú (PNP). En las últimas tres décadas oficiales de las fuerzas armadas y la PNP han sido perseguidos de por vida, con procesos que solo culminaban con la muerte física. Se trataba de los miembros de las fuerzas de seguridad que enfrentaron a uno de los comunismos terroristas más letales de la historia de la humanidad.

Si eso sucede desde tres décadas atrás, ¿cómo puede haber una estrategia en contra del crimen organizado y los pistoleros que invaden la sociedad? Una de las condiciones de cualquier estrategia, al lado de la inteligencia y la participación de la sociedad, es que las fuerzas de seguridad del Estado de derecho ejerzan el legítimo uso de la fuerza constitucional y sean respaldados por toda la sociedad, el Estado y las instituciones del sistema de justicia. Hoy, son judicializados. Por ejemplo, más de 300 efectivos de las fuerzas armadas y la PNP están judicializados –algunos con prisión preventiva– por haber detenido el golpe fallido de Pedro Castillo que, a través de milicias urbanas, pretendían quemar aeropuertos, bloquear carreteras para desabastecer a las ciudades y fracturar el aparato productivo nacional. Si nuestros soldados y policías no hubiesen utilizado la fuerza constitucional hoy estaríamos en asamblea constituyente rumbo a copiar el modelo de Bolivia y Venezuela.

Asimismo, antes de algunas modificaciones legales en el Congreso a favor de nuestros policías, el efectivo de la PNP que hacía uso reglamentario de su arma era procesado y detenido. ¿A alguien se le ocurre que puede haber una estrategia viable contra la ola criminal? La primera línea en la lucha contra el crimen organizado es la PNP. En ese sentido esta semana se conocieron dos buenas noticias: Una sala de apelaciones de Chiclayo declaró inocente al policía Gilmer Torres Bello, quien había sido condenado a diez de años de prisión por haber abatido a un delincuente. Asimismo, un juez declaró fundada la prescripción contra siete militares pertenecientes a la 18 División Blindada en aplicación de la ley 32107, que establece que los delitos de lesa humanidad no se aplicaban durante los años de la guerra contra el terrorismo porque el Perú todavía no había firmado el Tratado de Roma.

En cualquier caso, la devastadora judicialización que han promovido las oenegés de Derechos Humanos contra nuestros soldados y policías es una de las causas centrales que explica el desborde de la ola criminal en el país. No es extraño que el accionar de las oenegés de las izquierdas progresistas, comunistas y neocomunistas en Colombia, Ecuador y Chile también sea una de las causas del desborde criminal en esos países, en donde las fuerzas de seguridad fueron judicializadas y desmoralizadas como en el Perú.

Si el Estado, los políticos y las instituciones no respaldan a nuestros soldados y policías, más allá de las campañas de información, la sociedad acabará con todos los políticos por no defender a la primera línea de lucha contra el crimen organizado.