¡Democracia plebiscitaria a todo vapor!

Algunos celebran como si fuese el mismo Año Nuevo que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, haya reculado en su decisión de no ampliar la designación de los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez al frente del caso Lava Jato. En las aproximaciones de El Montonero.pe no influye que el 99.9% de los ciudadanos esté de acuerdo o no con este desenlace, porque para nosotros la República y la democracia se gobiernan en base a instituciones y no con mayorías circunstanciales que avasallan a minorías. Es decir, el ejercicio del poder en base a la Constitución y las leyes. Y el retroceso de Chávarry solo tiene  que ver con las presiones de una mayoría al margen de la constitucionalidad y la legalidad. El fiscal de la Nación cometió un terrible error político con respecto al momento de su decisión, pero no hizo nada ilegal.

Hoy Vela y Pérez están al frente del caso Lava Jato porque la presión social de la mayoría relativizó la constitucionalidad y la legalidad. Chávarry no les amplió el mandato —que vencía el 31 de diciembre pasado— en el ejercicio legítimo de sus atribuciones constitucionales, y también porque ambos fiscales se habían dedicado a cuestionar frontalmente su autoridad. Es más, Pérez incluso llegó a denunciar al fiscal de la Nación solo por solicitar información sobre el acuerdo —hasta hoy secreto— que ellos habían  establecido con Odebrecht, en el que la empresa brasileña consigue una singular reparación civil. Considerando que Vela y Pérez habían desarrollado investigaciones selectivas en contra de Fuerza Popular y el Apra —mientras los demás implicados del caso Lava Jato pasaban, como se dice, por agua tibia— era más que urgente publicitar el mencionado acuerdo para levantar cualquier suspicacia.

Sin embargo, ninguna de estas argumentaciones fueron válidas para detener la feroz campaña mediática que se desarrolló en contra de la decisión de Chávarry. Al final, los fiscales nombrados para reemplazar a Vela y Pérez renunciaron, y luego se conoció que no había fiscales superiores dispuestos a aceptar el encargo. La democracia plebiscitaria, es decir la democracia en base a las encuestas y las campañas de los medios tradicionales, se impuso, al margen de la Constitución y las leyes. En ese contexto, Chávarry se vio obligado a recular y, de una u otra manera, complicó de gravedad su permanencia en el cargo. Es un dato incuestionable de la realidad.

Pero, ¿qué significa todo este escenario? Es evidente que la democracia peruana, que ha acumulado cuatro procesos electorales sin interrupciones, se ha convertido en una “democracia plebiscitaria”, en la que la Constitución y las leyes se han convertido en referencias relativas. Hoy el Gobierno se basa en las encuestas y las tendencias que organizan los medios tradicionales y las mayorías circunstanciales. Por ejemplo, el presidente Martín Vizcarra puede plantear una reorganización del Ministerio Público y hablar de una posible cuestión de confianza —en caso de no proceder en el Congreso— a sabiendas de que una reforma constitucional no es un asunto de Gobierno y que, por lo tanto, no procede la mencionada institución constitucional. El motivo: la Carta Política excluye directamente al Ejecutivo del proceso de reforma constitucional.

En una democracia plebiscitaria todo puede suceder porque todo depende del humor de las mayorías. Los líderes de la oposición pueden allanarse ante el jefe de Estado que representa a las mayorías —tal como lo acaba de hacer Keiko Fujimori con respecto al proyecto de reorganización del Ministerio Público— más allá de si sus decisiones se ajustan a la Constitución y las leyes. De alguna manera ese es el camino que han recorrido todos los proyectos autoritarios del planeta que, naciendo del sufragio democrático y de los marcos constitucionales, utilizaron la presión de las mayorías para bastardear las cartas políticas, que organizaban esas democracias, y terminar perpetuándose en el poder.