¡Defender el voto ante irregularidades de la ONPE y el universo de las mesas 900K!

Cualquier investigación en el Perú revela con meridiana claridad que la tendencia poblacional es a reducir centros poblados pequeños en las áreas rurales por las migraciones a las ciudades con mayores servicios. ¿Cuál es la razón de este proceso indetenible? Una de ellas es la incapacidad del Estado, sobre todo de las regiones y los municipios, de transformar la riqueza que produce el sector privado (empresas mineras, agroexportadoras, pesqueras) en servicios públicos. El sector privado financia el 80% de los recursos fiscales, pero en los gobiernos subnacionales el agua se va por el caño y siguen existiendo 3.5 millones de peruanos sin agua potable.

Sin embargo, en el sistema electoral se ha producido una paradoja: mientras los centros poblados se reducían las llamadas mesas “900K”, “creadas para promover la inclusión de los votantes alejados”, se han multiplicado de manera exponencial: las 500 mesas 900K que había algunos años atrás, en la primera vuelta del 2026 se multiplicaron hasta 4,700 mesas 900K en 1913 centros poblados con 1937 locales. 

Las mesas 900K en el sistema electoral peruano representan más de 800,000 votos. Es decir, han decidido la segunda vuelta del 2021 en donde “Pedro Castillo le ganó a Keiko Fujimori con el llamado voto rural” por 44,263 y “Roberto Sánchez le ganó a Rafael López Aliaga en la segunda vuelta del 2026 por apenas 18,799 votos también con ese mismo voto rural”.

En el universo de las mesas de 900K Castillo y Sánchez, simplemente, “barrieron con actas de mesas en que conseguían más de 150 votos a cero”. En todas las investigaciones preliminares existe una conclusión: los partidos vinculados al eje bolivariano, a la izquierda radical del socialismo del siglo XXI, ganaron a sus oponentes y mejoraron sus ubicaciones en el Legislativo gracias a las mesas 900K.

En cualquier caso, el próximo Congreso a instalarse el 2026 debería crear una Comisión para investigar la actuación de la ONPE en los últimos procesos electorales, en los que las denuncias por fraudes e irregularidades se multiplicaron de aquí para allá. Una decisión que debería reforzarse luego del informe de la Contraloría General de la República en donde se señala a diez funcionarios de la Organización de Procesos Electorales (ONPE) en irregularidades electorales pasibles de sanción penal. No obstante que el Ministerio Público ha solicitado levantar el secreto bancario y de comunicaciones de los investigados, cuatro de los funcionarios implicados siguen ejerciendo el cargo.

El Perú tiene que exigir una investigación completa de las ineficiencias e irregularidades electorales que se perpetraron en la ONPE en las elecciones del 2021 y la primera vuelta del 2026, porque en una democracia, en una república, no hay nada más sagrado que el respeto del sufragio popular, que la voluntad del soberano. Si se confirmara que las mesas 900K se convirtieron en la herramienta principal del eje bolivariano para ganar las elecciones, el Perú debería ponerse de pie, porque la izquierda bolivariana habría reeditado las mañas y malas artes de la zurda en las elecciones de una federación universitaria.

Ahora bien, los partidos de la centro derecha deberían entender que la lucha contra las corrientes comunistas y neomarxistas no son paseos de una tarde de verano. Representan verdaderas guerras políticas y, en ese sentido, las mesas 900K deben convertirse en un escenario principal de batalla: ninguna de ellas debería carecer de personero. Felizmente, ha trascendido que la organización Defensores del Perú, que organiza un ejército nacional de personeros, se prepara para un despliegue pocas veces visto en el Perú.

Por otro lado, las Fuerzas Armadas tiene una responsabilidad capital en este proceso electoral, no solo garantizando el traslado del material electoral a través de la vía aérea, ahora que el radicalismo promueve bloqueos de carreteras de aquí para allá, sino también para garantizar el ingreso de los personeros de Defensores del Perú en todos los centros de votación y mesas de votación nacional. El radicalismo comunista desde las elecciones del 2006 promueve la violencia en contra de los personeros de los sectores democráticos.

Los países que alcanzan su libertad no rehúyen ni doran la píldora, como se dice, frente a las inevitables batallas contra el radicalismo comunista. La candidatura de Keiko Fujumori no solo le debe ganar a Roberto Sánchez, sino también a las irregularidades e ineficiencias de la ONPE.