La comisión de Constitución del Congreso de la R...
Al cierre de esta edición la ofensiva comunista de alrededor de 10,000 activistas a nivel nacional, muy organizados en vanguardias extremadamente violentas, había dejado la triste y lamentable saldo de ocho peruanos muertos; y el ataque a más de 12 comisarías, a 119 efectivos policiales heridos de gravedad, cinco de ellos secuestrados, y uno en unidad de cuidados intensivos.
Si a esta ofensiva insurreccional contra la PNP le sumamos el ataque a decenas de locales del Ministerio Público (una físcal y su hijo fueron asesinados en Arequipa por las turbas), del Poder Judicial, el bloqueo de las principales vías nacionales, el ataque y saqueo de empresas de la industria nacional y el terror que se impone a los pequeños negocios en las ciudades del sur, ¿a alguien se le puede ocurrir culpar a nuestra policía de los lamentables saldos de la violencia y el terror? Aunque parezca mentira, las bancadas comunistas del Legislativo –no estamos hablando de dirigentes sindicales o activistas– sí pretenden culpar a la PNP de las trágicas muertes en el país.
La estrategia insurreccional que enfrenta el Perú –liderada por las corrientes comunistas y colectivistas, vinculadas al maoísmo y al eje bolivariano– para triunfar necesita paralizar a las instituciones encargadas de preservar la ley y el orden, factores sin los cuales no existe el Estado de derecho (Ministerio Público, Poder Judicial y policía). Y la principal entidad a la que buscan neutralizar es la PNP, porque es la última línea en la defensa de la ley y el orden. De allí esos intentos de culpar de las muertes a los policías y no a las vanguardias comunistas que desarrollan la insurrección.
¿Qué pretenden los comunistas? Que los policías formen filas y vean pasar a las escuadras del eje bolivariano que avanzan a quemar locales del Estado, empresas privadas e, incluso, atacar los sistemas de energía e hídrico de las ciudades. ¿Acaso pretenden que los más de 30 millones de peruanos le entreguemos el poder a las milicias de no más de 10,000 comunistas a nivel nacional? ¿De dónde viene tanta pechuga y locura?
Sin embargo, las bancadas comunistas del Congreso pretenden criminalizar a nuestra PNP por defendernos de los vándalos que incendian y saquean las propiedades públicas y privadas.
De una u otra manera, hoy las corrientes comunistas cabalgan sobre los relatos progresistas de las oenegés de derechos humanos que, en vez de defender los DD.HH., siempre han pretendido erosionar y destruir la autoridad democrática del Estado republicana. Sucede en el Perú, Chile y Colombia y en todos los países en donde se ensayan estas estrategias insurreccionales.
La teoría del “uso proporcional de la fuerza pública” es válida cuando se trata de protestas civiles, de movilizaciones democráticas, al margen de sus objetivos o sus identidades ideológicas. Semejante teoría no se puede aplicar cuando más de 12 comisarías del país son atacadas y se masacra a nuestra PNP. No se puede aplicar cuando el Estado de derecho enfrenta una clara estrategia insurreccional por el poder. Cuando eso sucede, el Estado de derecho tiene que utilizar todas las herramientas y procedimientos establecidos por la Constitución para enfrentar una sedición en curso. Lo demás es jugar a favor de los insurreccionalistas.
De alguna manera la defensa de la PNP en este momento es la línea demarcatoria entre quienes defienden la Constitución y el Estado de derecho en contra de las estrategias insurreccionalistas de la asamblea constituyente y el nuevo poder soviético.
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