¡Decisión de TC refuerza campaña contra la minería!

La ola antiempresarial organizada por el marxismo y la izquierda está golpeando de gravedad a la economía nacional. En la zona andina los colectivos antimineros se han fortalecido con la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) que modificó los plazos de prescripción de las deudas tributarias contraídas al momento de declararse las obligaciones. “Las mineras no pagan impuestos”, es ahora parte del nuevo relato contra las inversiones de cobre, litio y otros recursos naturales por explorar en el país. 

En un escenario de megarrecesión, como consecuencia del mal manejo de la pandemia del coronavirus, el Estado atenta contra la reactivación y la inversión privada. Las decisiones del Ejecutivo, del Congreso y ahora del TC envían una terrible señal a los mercados: el Estado es el poder absoluto en el Perú a la hora de cobrar deudas tributarias, incluso por encima de la Constitución, las leyes y el principio de la no retroactividad de las normas. Es decir, se atenta contra el sector privado, que financia el 80% de los ingresos del Estado y provee el 80% del empleo. 

El aporte de la minería y el sector privado es valioso para el país en medio del descalabro económico. Según el Mapa de inversiones: Perú país minero, elaborado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desde el 2012 los fondos provenientes del canon, sobrecanon y regalías mineras, suman un total de S/ 66,735.9 millones, y han servido para ejecutar 53,364 proyectos de inversión pública en todo el país. Del total de obras, 18,794 proyectos –con inversiones de S/ 6,832.7 millones– fueron financiados solamente con fondos provenientes de la minería. Los 34,570 proyectos restantes fueron cofinanciados con recursos no mineros.

El año pasado por concepto de canon, sobrecanon y regalías, las empresas mineras aportaron S/ 6,514.3 millones. Las regiones que recibieron más fondos provenientes de la minería fueron Áncash (S/ 1,346 millones), Arequipa (S/ 913 millones), Cusco (S/ 349 millones), Tacna (S/ 292 millones) y La libertad (S/ 270 millones). Además, contra los relatos y leyendas de las oenegés del ambientalismo ideológico, la mayor parte de los proyectos ejecutados con fondos de la minería está vinculado a la agricultura y protección del medio ambiente. Por ejemplo, los proyectos de las praderas naturales de la cuenca alta del río Apurímac, el afianzamiento hídrico de la cuenca Río Grande-Santa Cruz (Ica) y, entre otras obras, las redes de agua potable y alcantarillado en Ayacucho, Satipo (Junín) e Ica. 

Asimismo, sin bajar la guardia contra la pandemia del coronavirus, recientemente la minera Antapaccay (en Cusco) ha entregado un segundo lote de equipos biomédicos por S/ 130,000 a las autoridades de salud en la provincia de Espinar; equipos que, además de contribuir a la lucha contra coronavirus, servirán para atender otras enfermedades. La primera entrega valorizada en S/ 436,000 fue donada en junio pasado, y contenía además equipos de protección (EPP) para personal sanitario. De la misma manera, mediante un acuerdo con las autoridades locales, la minera Hudbay (mina Constancia, en Cusco) donará una ambulancia rural tipo II (asistencia médica inmediata de pacientes en estado crítico) para el distrito de Livitaca. 

En momentos de crisis sanitaria y economía, no se entienden las campañas contra las empresas que crean riqueza y financian el 80% de los ingresos del Estado. Es como asesinar a la gallina de los huevos de oro, y tal como sucedió en Venezuela antes de la crisis humanitaria que hoy desata el chavismo.